Versión Legal Resumida"El Caso Eduardo Saiegh" de Terrorismo de Estado

“EL CASO EDUARDO SAIEGH”

CASO DE “TERRORISMO DE ESTADO” POR LA VIOLACIÓN TOTAL

DE MIS DERECHOS HUMANOS

POR PARTE DE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR

RESUMEN

Del secuestro, torturas y extorsión al suscripto durante el Proceso Cívico-Militar apelando al Terrorismo de Estado para saquearle todos sus bienes y desapoderarlo de su Bco. Latinoamericano, y la batalla sostenida durante casi 30 años para reivindicar su derecho a la verdad histórica, y el reintegro, aun parcial por los bienes ilegalmente despojados por el Estado Nacional.

Este caso fue juzgado y caratulado penalmente como de Terrorismo de Estado en su fallo por el Juez B. Garzón de España (1999), y también en igual carácter de Terrorismo de Estado”, lo determino el Secretario de DDHH de la Nación (2004), siendo además ratificado como Caso de Terrorismo de Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación(2005) , dictaminándole al Ministro de Economía, en cuyo ámbito se encuentran actualmente las actuaciones, que corresponde legalmente que la causa sea elevada al Sr. Presidente de la Nación para que adopte la resolución final y se expida acerca de este legal recurso jerárquico presidencial, como señala la normativa jurídica, toda vez que, como expresan los dictámenes “el caso excede lo meramente económico para ser claramente un cuestión de DDHH” .

Habiéndose cumplido todas las instancias jurídico-legales correspondientes (Ley N° 23.928 y Decreto N° 2140/91), -según dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación (años 1991 y 2005) y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía (años 1986, 2003 y 2006)- , corresponden ser elevadas las actuaciones a la resolución definitiva del PEN, dada la gravedad del caso en cuestión, ya que todas estas conclusiones jurídicas favorables a mi causa , concuerdan en condenar al Estado Nacional por las violaciones a todos mis derechos humanos, y el total desapoderamiento de mis bienes, indicando que por lo tanto deben arbitrarse las reparaciones correspondientes según estipula la legislación vigente en la materia.

 

A-Breve Síntesis de los Hechos

El 31 de octubre de 1980, fui violentamente secuestrado por una comisión policial paramilitar, y durante siete días fui salvajemente torturado para que confesara delitos inexistentes en el Banco Latinoamericano, BLA, del que soy propietario, con el objetivo de desapoderarme del mismo y despojarme del resto de todos mis bienes, sin que Juez alguno me tomara declaración

Para lograr esto, se falsificó en el Banco Central de la Republica Argentina – BCRA - una denuncia anónima, dándole traslado inmediatamente de la misma a la autoridad “política” de la Policía Federal El objetivo de las torturas era “ablandarme” para la extorsión, y para tal fin necesitaban quebrarme física, moral y económicamente. El 7 de noviembre, por una situación fortuita de las circunstancias, pude negociar mi propia vida con mis secuestradores, salvándome de la muerte.

La narración testimonial de lo vivido, y el material documental probatorio de todo lo descripto, tanto en lo legal como en lo periodístico, lo he escrito y recopilado en el libro “Justicia, Justicia perseguirás...” – El Caso Eduardo Saiegh, cuyo CD se adjuntó a las actuaciones administrativas y judiciales en curso.

El 16 de enero de 1981, a pesar de tener en ese momento tres compradores en firme interesados en comprar el BLA, y que asi lo informaron al BCRA, entre ellos uno como Price Waterhouse Internacional, el BCRA nos obligó, mediante extorsión de amenaza de vida sobre todos los directivos del BLA a firmar la “autoliquidación voluntaria” para desapoderarme del Banco, lo que lograron según resolución Nº 15/81 BCRA, la que luego fue apelada y declarada reiteradamente ilegal por las autoridades administrativas controlantes del BCRA

No tuve nunca ni tengo ninguna causa penal en mi contra; por el contrario, promoví las demandas judiciales contra los directores de aquel BCRA. Además, caso inédito en la Justicia, el BLA después de más de 27 años de liquidación extrajudicial sin ningún juez que lo controle, no tiene aún quiebra decretada y tengo sentencia firme en varios juicios por daños y perjuicios contra el BCRA, por cifras varias veces millonarias en dólares.

En estos más de 27 años de peregrinar por el desierto de la injusticia en la Argentina, he vivido y sigo viviendo la mas absurda, arbitraria y discriminatoria injusticia , ya que mientras a mí no se me concede la reparación de mis DDHH violados, a mi verdugo-victimario ex vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal que fue procesado por extorsión en mi causa en el año ´91 por el Juez Irurzun, y solicitada por éste su captura a la Policía Federal, de la que se escabulló, luego en el año ´99 fue nuevamente sentenciado por el Juez G. Cavallo con prisión preventiva por extorsión en grado principal, siendo eximido de prisión por el mismo juez, por una pena inexcarcelable, apelando a la teoría de los DDHH!!! Es decir, en nuestro país valen los DDHH para los victimarios pero no para sus víctimas, como en el presente caso!!.

 

B- Fundamentación Jurídica de la necesaria reparación de mis Derechos Humanos violados

Los siguientes organismos jurídicos han determinado legal y categóricamente que me asiste toda la razón y el derecho en el reclamo de reparación del daño ilegalmente causado con el despojo de mis bienes, y dictaminaron que la resolución del BCRA N° 15/81 por la “autoliquidación” del BLA es nula, de nulidad absoluta; por ende, ilegí­tima y debe ser dejada sin efecto:

El Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Economía según Dictamen N° 50.304 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 30 de octubre de 1986 concluyó que dicha resolución es nula, de nulidad absoluta.

"…De los elementos analizados en los capítu­los que anteceden, se desprende que la Resolu­ción N° 15/81 del Banco Central de la República Argentina adolece de deficiencias de naturaleza formal en el trámite previo a su dictado y de otras de carácter substancial, por falta de fundamentación fidedigna". "El acto administrativo es fruto aparente de un exceso de poder por parte de su firmante, resulta lesivo de los principios de igualdad ante la ley y de equidad e irrogó en forma arbitra­ria un perjuicio significativo a la institución bancaria afectada y a sus accionis­tas." "Por tales motivos, este servicio jurídico con­sidera que la decisión aludida es ilegítima y que debe ser dejada sin efecto...".

La Procuración del Tesoro de la Nación se expidió de igual modo, y emitió el 29/3/90, el Dictamen N° 85/90, que es concluyente y definitorio en orden a la ilegitimidad de la Resolución BCRA N° 15/81 y su necesaria reparación; dictamen que en lo pertinente es del caso transcribir.

"VI.- A mérito de las razones expresadas cabe concluir en la invalidez de la Res. BCRA N° 15/ 81 mediante la cual se dispuso la revocación de la autorización para funcionar y la liquida­ción del Banco Latinoamericano S.A. y en tal sentido corresponderá decidir por parte del Banco Cen­tral de la República Argentina, la revoca­ción de dicho acto por razón de su ilegi­timi­dad, en los términos del Art. 14 de la ley de la mate­ria n° 19.549." "Naturalmente, como consecuencia de la revoca­ción que corresponde, procederá que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del dictado del acto nulo, con base en lo dispuesto en el Art. 1050 del Código Civil e inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia.”

"Sin embargo, no escapa a esta Procuración que dado el tiempo transcurrido desde el dictado de la Res. BCRA N° 15/81 (del 16/1/81) cuya revo­cación corresponde, a la fecha, podría darse la imposibilidad de materializar aquella solución legal. Ante ello, deberán arbitrarse con la parte interesada los medios para convenir una reparación material de los daños causados por el accio­nar ilegítimo del B.C.R.A”

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ha ratificado según Dictamen Nº 149.190 del 12/5/2003, las conclusiones del dictamen del Servicio jurídico permanente del Ministerio y de la Procuración del Tesoro, en los términos previstos por el Art. 32°, inciso a), apartado 1) del Decreto N° 2140/91, señala en la parte pertinente del mismo que:

“…la cuestión de fondo sobre la cual recae la presente propuesta de transacción fue en su oportunidad analizada por parte de este Servicio Jurídico mediante la emisión del Dictamen D.G.A.J. N° 50.304, que en copia se adjunta, ocasión en la cual se concluyó en el sentido de que la Resolución N° 15/81 del B.C.R.A. que fuera objeto de un planteo recursivo por parte de la presentante, y mediante la cual se revocó la autorización para funcionar del BANCO LATINOAMERICANO S.A., resultaba ilegítima y, por lo tanto, debía ser dejada sin efecto, habiendo, a su vez, emitido opinión sobre el particular la Procuración del Tesoro de la Nación mediante Dictamen N° 85/90, también acompañado en copia, concluyendo en idéntico sentido que esta Dirección General” (conf. Dictamen D.G.A.J. N° 149.190, del 12 de mayo de 2003).”

 

C- La presentación de la denuncia de la DAIA ante del Juez B. Garzón

A merito de las denuncias efectuadas por la DAIA ante el Juez B. Garzón en el año 1999, sobre la “Situación de los detenidos-desaparecidos judío durante el genocidio perpetrado en Argentina” éste dictó un fallo favorable al suscripto, acerca del alevoso secuestro, extorsión y desapoderamiento de mis bienes, según puede leerse en el procedimiento “SUMARIO 19/97”, tramitado por ante el Juzgado Central de Instrucción N° 5, Audiencia Nacional, con sede en Madrid, con resolución del 2 de noviembre de 1999, señalando el especial ensañamiento con los miembros de la comunidad judía por parte del Terrorismo de Estado. (Tanto la denuncia como el fallo completo  figuran en el Google de internet bajo mi nombre y apellido)

“4.- En cuanto al aspecto económico las víctimas de origen judío son “especialmente objeto de depredación por parte de los responsables militares, “que se apoderan ilícitamente de sus bienes tras la detención, o utilizan la extorsión posterior para que aquellos transmitan sus bienes a estos. De esta forma, los empresarios judíos suelen ser incluidos en una serie de secuestros “extorsivos” con el objetivo de que autoliquiden sus bienes, entregándolos a funcionarios ligados a la dictadura militar. En algunos casos, como el de Eduardo Saiegh, detenido el 31 de Octubre de 1.980, se le mantiene secuestrado una semana, durante la cual es torturado para que confiese supuestos delitos que justifiquen la liquidación del Banco Latinoamericano, en cuya dirección estaba integrado. Una vez liberado, la dirección es presionada para solicitar “voluntariamente” la autoliquidación del Banco, pero manteniendo como garantía los bienes de Eduardo Saiegh…”

“…Los datos expuestos a modo de ejemplo, demuestran incidiariamente que la actuación violenta contra la comunidad judía en Argentina durante la Dictadura Militar fue algo preconcebido e institucionalizado como un elemento más dentro de las finalidades ideológicas perseguidas por el Proceso de Reorganización Nacional, y que el origen étnico judío fue un factor contribuyente a la mayor crueldad del trato, tortura y eliminación…”

 

D- De la intervención de la Secretaria de DDHH del Ministerio de Justicia

Habiendo solicitado por mi parte jurídica y formalmente, que estas actuaciones sean elevadas al máximo organismo del Estado en materia de DDHH, con fecha 25/10/04 el Sr. Secretario de DDHH se expidió como conclusión en los siguientes términos, que no dejan lugar a ninguna duda acerca de la responsabilidad del Estado Nacional tanto en la culpabilidad del despojo como en la ineludible reparación de los mismos:

“En consecuencia, considero que los hechos denunciados por el Arq. Eduardo Saiegh en las presentes actuaciones se corresponden por entero con la metodología y el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar, tanto en lo que se refiere a la apropiación indebida de bienes y la busca de lucro en el curso de la represión ilegal, como al componente discriminatorio que caracterizó al terrorismo de estado con respecto a la comunidad judía.” Fdo. Dr. Luis Eduardo Duhalde, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

E- De la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación

Dado que han sido concluidas en exceso y desde larga data, todas las etapas legales correspondientes, solicité formalmente al Ministerio de Economía la elevación de las actuaciones a la Procuración del Tesoro para que dictamine acerca de lo requerido por mi parte acerca de la resolución definitiva del caso por parte del Sr. Presidente de la Nación, y el Sr. Procurador del Tesoro se expidió en el dictamen Nº 009/05 de fecha 6/1/05 donde hace suyo lo determinado por la Secretaría de DDHH acerca de que esta causa constituye un caso de Terrorismo de Estado, y por lo tanto, una grave cuestión de DDHH violados, y en tal sentido concluyó que es procedente lo solicitado acerca de la elevación al PEN para que resuelva y que es competencia del Ministro de Economía proceder en tal sentido.

En definitiva, esta causa se trata de una Cuestión de Estado, como lo son los DDHH, al menos como la Justicia Argentina los ha venido reivindicando en los últimos años, dado que mi causa es de Terrorismo de Estado, agravado por mi condición de judío, estando todo este gran delito ratificado por el actual Gobierno Argentino.

Llamar a todo esto un gran absurdo o aberración jurídica es muy poco, ya que la discriminación arbitraria de justicia contra un ciudadano, agravado por el hecho de ser judío, -como reconoce el propio Gobierno-, tiene un solo nombre: Antisemitismo, como testimonió la DAIA sobre este caso.

¿O acaso los ciudadanos argentinos, por el hecho de ser judíos no poseemos los mismos derechos en lo que a igualdad ante la ley y la justicia se refiere?

Que se haga Justicia. Que será Justicia.

Arqt. Eduardo E. Saiegh

Setiembre 2007



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