TESTIMONIO DE LA HISTORIA QUE HE VIVIDO

Este grave delito de Terrorismo de Estado y DDHH del que fui víctima propiciatoria en octubre de 1980, fue planeado desde el BCRA con el objetivo de desapoderarme de mi banco y hacer desaparecer -del tesoro del BLA- las acciones de Makin S.A., empresa controlante de Austral Líneas Aéreas, y los comprobantes de su deuda por más de 7 millones de dólares que tenían con el banco, garantizados por la caución de dichas acciones.

Dichas acciones las necesitaban -sí o sí- para poder transferirle la compañía aérea al Estado Nacional con un pasivo de mas de 200 millones de dólares, y poder estatizarla de acuerdo al decreto 1922 del 22 setiembre de 1980, tramitado en 48 horas, a pedido de los accionistas de Austral por nota formal al entonces ministro de Economía y jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, en la que reconocieron que el BLA era el único acreedor privado y no había otros acreedores financieros que tuviera la empresa aérea ni sus subsidiarias.

También manifestaron que en el caso que surgiera algún inconveniente, los accionistas -a título personal- se hacían cargo de esa deuda con el BLA. Finalmente lograron su criminal objetivo de robarme el banco y las acciones de Austral despojándome, también, del resto de mis bienes.

Para lograr esto se falsificó una denuncia anónima en el BCRA, y se dio su traslado inmediato a las fuerzas parapoliciales pidiéndoles -según consta en las actuaciones- mi detención y el allanamiento de domicilios a la autoridad “política” de la Policía Federal, a través de su División Bancos que funciona en el Banco de la Nación Argentina, en la esquina porteña de Bartolomé Mitre y 25 de Mayo.

La estatización de Austral resultó una real estafa fraudulenta para el Estado Nacional, tal como el fiscal Molinas lo denunciara ante la justicia federal penal en 1984, y también es un delito penal imprescriptible cometido por el gobierno de facto contra mi persona y contra mis bienes -por estar incluido en la caracterización de Terrorismo de Estado- agravado por comprobadas e inenarrables acciones de extrema violencia antisemita, flagelo mundial del cual -lamentablemente- nuestro país puede dar sobradas pruebas de impunidad total con las voladuras y las víctimas de los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA.

Mi secuestro, torturas y extorsión tuvieron el objetivo de “ablandarme” para lograr autoincriminaciones y confesiones falsas con el objetivo de desapoderarme y robarme el BLA y, por ende, quedarse con las acciones caucionadas de Austral. Para lograrlo necesitaban quebrarme en todos los aspectos y, finalmente, liquidarme físicamente, como ocurrió con otros banqueros de origen judío, para hacer “desaparecer” a la víctima y las pruebas del delito ya que -con vida- podría acusarlos.

Lo económico lo lograron, pero el quiebre moral -a pesar de los terribles tormentos sufridos- nunca pudieron conseguirlo ya que logré soportar las torturas.

El 7 de noviembre de 1980, por una situación fortuita del destino, pude negociar mi vida con mis secuestradores y me salvé de una muerte segura, que ya estaba prevista y ordenada.

Desde entonces inicié una lucha sin cuartel en todos los frentes legales para reivindicar y denunciar -a nivel nacional e internacional- el arrasamiento de todos mis derechos más elementales y humanos.

Desde 1982, y aún en plena dictadura inicié las acciones penales federales por secuestro y torturas y extorsión contra Martínez de Hoz, Alejandro Reynal y el resto de la banda de los Chicago Boys en la causa Nº 1662 en el Juzgado Federal Nº 5.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó, el 12 de junio de 1988 en el diario La Prensa, la nómina de banqueros y financistas procesados o presos entre los que no aparezco entre los incriminados.

Entre otras cosas, producto de ello, el 29 de marzo de 1990, la Procuración del Tesoro emitió un dictamen en el que determinó la nulidad absoluta y la ilegalidad de la liquidación del BLA e indicó expresamente que deben realizarse las reparaciones patrimoniales respectivas a los accionistas.

Luego, en 1991, Alejandro Reynal, el ex vicepresidente del BCRA, fue procesado por extorsión, por mi caso, por el juez Martín Irurzun quien solicitó su excarcelación, pero el ex vicepresidente del Banco Central se escabulló. (VER)

En 1999 Alejandro Reynal fue nuevamente sentenciado por el juez Gabriel Cavallo con prisión preventiva por extorsión en grado principal, pero fue eximido de prisión por el mismo juez, por una pena inexcarcelable. Cavallo aceptó el pedido sobre la teoría de los Derechos Humanos. (VER)

En el mismo año, la DAIA presentó mi caso ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, a cargo del entonces juez Baltasar Garzón “por delito de Terrorismo y Genocidio”, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, según destacó la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. (VER)

El juez español Garzón, el 2 de noviembre de 1999, reconoció en un fallo ejemplar al ‘Caso Saiegh’ como un ejemplo paradigmático de Terrorismo de Estado y Antisemitismo. (VER)

Varios años después, en el 2004, el Estado nacional a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, emitió una resolución reconociendo al ‘Caso Saiegh’ como de Terrorismo de Estado agravado por la condición de judía de la víctima.

Un año después, en el 2005, la Procuraduría del Tesoro de la Nación, emitió un dictamen en el que indicó que las actuaciones administrativas estaban concluidas para ser elevadas al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para su resolución.

Luego, entre el 2007 y 2008, se produjo un hecho importantísimo como fue la intervención e involucramiento en mi caso del gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado en forma directa y a través de la Embajada en Buenos Aires, luego de una exhaustiva y detallada investigación para verificar y corroborar las denuncias que yo había realizado (Ver cables desclasificados de WikiLeaks en este portal). Esta actitud demuestra con elocuencia el grado de compromiso asumido por dicho gobierno en este caso considerado como de violación de los Derechos Humanos y terrorismo de Estado cometido a un ciudadano no norteamericano.

Justamente bajo estos criterios políticos y jurídicos, en febrero del 2009, se inició la causa federal penal Nº 1875/09 por Terrorismo de Estado y Antisemitismo.

Dos años más tarde, en mayo de 2011, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, se presentó en nombre del Estado Nacional como co-querellante en mi causa y reclamó la detención de Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, acusados como autores intelectuales de mi secuestro y torturas. (VER)

Dos meses más tarde, el 14 de julio de 2011, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) envió una carta al entonces juez a caro de la causa, Daniel Rafecas, en la que expresó su preocupación ante la demora de justicia en el caso y por algunas afirmaciones realizadas por el fiscal Rívolo. (VER)

Justamente por los dichos de Rívolo, el 12 de octubre de 2011 la Cámara Federal en lo Penal apartó al juez Rafecas de mi causa, iniciada contra el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, por delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado y antisemitismo, responsabilizándolo por las graves irregularidades del fiscal Rívolo, a quien -a consecuencia de esto- le pedimos el juicio político.

La causa recayó en el juzgado del juez Norberto Oyarbide quien, el 28 de octubre de 2011, aceptó a Saiegh y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del secretario Eduardo Luis Duhalde, fueron aceptados como co-querellantes en la causa 1875/09 caratulada como "Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; Reynal, William s/delito de lesa humanidad", considerada como de Terrorismo de Estado y Antisemitismo. Eduardo Taiano fue el fiscal designado a cargo de la investigación.

Como consecuencia de la intervención del Estado Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos -en las causas penales reconociendo los delitos de terrorismo de Estado cometido contra mi persona-, por el hecho de acompañarme como querellante en todas las acciones penales que estoy llevando a cabo contra los jefes civiles de la dictadura, y como prueba y testimonio de mi reconocimiento de estos gestos humanitarios, he decidido dejar al Estado nacional un legado constituido por el 70% de la reparación patrimonial que me corresponde, poniéndolo a través de la Fundación para la Integración Latinoamericana -FIL- a nombre del Estado nacional con el expreso objetivo y mandato de ser utilizado para desarrollar proyectos de inversión productiva que favorezcan el desarrollo socioeconómico de la población.

Básicamente, estos fondos deberán ser aplicados en proyectos de inversión que  funcionen como incubadoras de desarrollos productivos que promuevan a mejorar el bienestar general.

La narración testimonial de lo vivido, y el material documental probatorio de todo lo descripto, en lo legal, testimonial y periodístico, además de figurar con detalles, está escrito y avalado por los documentos probatorios transcriptos en este portal web y en el libro “Justicia, Justicia, Justicia Perseguirás…” - El Caso Eduardo Saiegh.

“El que no puede lo menos no puede lo más”, por eso mi objetivo es seguir luchando por Verdad y Justicia.



Noticias Relacionadas