SECUESTRO DE EMPRESARIOS, UN ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE LA DICTADURA

Los secuestros de empresarios judíos (al igual que con empresarios de otros orígenes) tuvieron el objetivo de recaudar, apropiarse de riquezas y usurpar bienes. ¿Fue casualidad que la judía haya sido una de las minorías comunitarias argentinas más golpeada por las desapariciones? Definitivamente no. Y en el caso de los empresarios, prevaleció el prejuicio de una riqueza inigualable que le agregaba su porción de sadismo al secuestro y exigencia de los botines para su rescate.

El Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA escribió un informe sobre el “Apoderamiento ilícito de bienes” y las extorsiones a empresarios argentinos de origen judío.

En ese trabajo se explica que los empresarios judíos eran incluidos en los operativos de secuestro con el fin de obligarlos a autoliquidar sus bienes, entregándolos a funcionarios ligados a la dictadura militar.

En algunos casos, eran ‘liberados’ a partir del desapoderamiento de bienes (fue así, por ejemplo, el caso de José Siderman y de Eduardo Saiegh)”.

El CES detalló sobre la modalidad utilizada en el caso de Eduardo Saiegh quien “fue detenido el 31 de octubre de 1980. Fue mantenido secuestrado durante una semana sin tener contacto con juez alguno. Durante dicha semana fue torturado, mientras se le exigía que confesara delitos económicos que justificaran la liquidación del Banco Latinoamericano, cuyo directorio integraba. Liberado una semana más tarde, el directorio que integraba fue presionado para solicitar ‘voluntariamente’ la autoliquidación del Banco Latinoamericano, pero manteniendo como contragarantía los bienes patrimoniales de Eduardo Saiegh”.

También menciona la experiencia de José Siderman, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y liberado en las afueras de Tucumán, una semana después, con una nota en la que le sugerían abandonar el país. Una vez en el exterior, sus propiedades fueron confiscadas y divididas por el Estado.

El CES, sobre este tipo de modalidad delictiva, alertó sobre “la similitud ideológica de estas operatorias con las prácticas de “arianización” de la propiedad practicadas por el nazismo, en las que los judíos eran desposeídos de sus bienes porque, en palabras del nazismo, debían ‘pagar los gastos del traslado de sus congéneres a los campos de trabajo’ (en verdad, se los obligaba a cubrir los gastos de su propia eliminación)”.

Héctor Timerman, actual canciller argentino, afirmó -en su testimonio registrado en el libro “Zikarón. Memoria. Judíos y militares bajo el terror del Plan Cóndor”- que este tipo de secuestros “eran una forma de hacer caja para las dictaduras o los procesos represivos”.

“Todos aquellos judíos que sobresalieron en algo y que podían amenazar al establishment, desde el punto de vista periodístico o empresarial, fueron secuestrados como parte de la alianza que hubo entre los sectores económicos y militares”.

Una de las deudas que tiene el país “es investigar el Caso Graiver” -dijo- al que catalogó como “el caso más grande de antisemitismo en la historia argentina…, fue el Caso Dreyfus local”.

La forma de hacer “caja” de la dictadura también la explicó Martin Andersen con su narración sobre el secuestro y asesinato de José Polisecki, el hijo de un empresario de origen judío por quien reclamaron dos millones de dólares para liberarlo. Luego de tres semanas de negociaciones, el cuerpo del joven (de 17 años) fue hallado a un costado de la ruta Panamericana.

“En las manos y alrededor de su cadáver había panfletos que sostenían que Polisecki -que era apolítico- había sido matado por traicionar al ERP. Siete balas le habían destruido el cerebro”, denunció Andersen.

El juez español Baltasar Garzón, entonces a cargo del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, emitió, a través del Sumario19/97, una orden internacional de detención contra 48 funcionarios de la dictadura argentina por “presunto delito de Terrorismo y Genocidio, prisión y ratificación de la prisión”.

Entre los imputados se encontraban, y aún hoy se encuentran: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera (fallecido), Omar Domingo, Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi (fallecido), Ramón Genaro Diza Bessone y Luciano Benjamín Menéndez.

Entre los hechos que se les imputan a los militares figuran aspectos relacionados al terrorismo económico y particularmente el ejercido contra el empresariado de origen judío.

Al respecto, el juez Garzón especificó -en su pedido de detención- que “las víctimas de origen judío fueron especialmente objeto de depredación por parte de los responsables militares, que se apoderaron ilícitamente de sus bienes tras la detención, o utilizaron la extorsión posterior para que aquellos transmitan sus bienes a estos”.

“De esta forma -agregó- los empresarios judíos suelen ser incluidos en una serie de secuestros ‘extorsivos’ con el objetivo de que autoliquiden sus bienes, entregándolos a funcionarios ligados a la dictadura militar”.

Y ejemplificó, entre otros, con el caso “como el de Eduardo Saiegh, detenido el 31 de octubre de 1980, se lo mantiene secuestrado una semana, durante la cual es torturado para que confiese supuestos delitos que justifiquen la liquidación del Banco Latino Americano, en cuya dirección estaba integrado. Una vez liberado, la dirección es presionada para solicitar ‘voluntariamente’ la autoliquidación del Banco, pero manteniendo como garantía los bienes de Eduardo Saiegh”.

El juez español sacó una primera conclusión: “Los datos expuestos a modo de ejemplo, demuestran indiciariamente que la actuación violenta contra la comunidad judía en Argentina durante la Dictadura Militar fue algo preconcebido e institucionalizado como un elemento más dentro de las finalidades ideológicas perseguidas por el (mal llamado) Proceso de Reorganización Nacional, y que el origen étnico judío fue un factor contribuyente a la mayor crueldad del trato, tortura y eliminación”.

Jorge Devincenzi, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación explicó que “el enemigo interno era todo aquel que el poder consideraba como tal. Y ser acusado delincuente subversivo fue el argumento más eficaz, aunque también -amparándose en la influencia de ciertos sectores de la Iglesia en las FFAA y de seguridad- funcionó el ser judío”.

También advirtió que “eran sólo pantallas, telones que escondían el objetivo de desnacionalizar la economía y apropiarse, gracias al poder discrecional de que disponían, de aquello que se les antojara”.

La Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía de la Nación solicitó la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos sobre si la liquidación del Banco Latinoamericano de Inversión podía considerarse dentro del accionar de la última dictadura cívico-militar argentina.

El 25 de octubre de 2004, a través de una notificación emitida por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -Rodolfo Mattarollo- el Estado Nacional respondió esta petición y consideró a los hechos que me sucedieron como “enteramente compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado practicado por la última dictadura militar y constituye, por lo tanto, una grave cuestión de derechos humanos”.

En el 2011, como se narra por separado, el Estado Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó como co querellante apoyándome legalmente en mi causa contra Alejandro Reynal y José Martínez de Hoz, pidiendo la detención de ambos.

Junto con el Estado Nacional, a través de la Secretaría, proseguimos nuestra lucha sabiendo que se hará Justicia.



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