Manifiesto Contra la Impunidad.31-10-11 LOS ACUSO A MARTINEZ DE HOZ, A.REYNAL Y Cia.

MANIFIESTO

EL JUEZ OYARBIDE ACEPTO LA PRESENTACION COMO QUERELLANTE CONTRA MARTINEZ DE HOZ DE EDUARDO SAIEGH Y LA SECRETARIA DE DDHH DE LA NACION EN EL PRIMER JUICIO AL JEFE CIVIL DE LA DICTADURA POR TERRORISMO DE ESTADO Y ANTISEMITISMO

El juez Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional 5, secretaría 9, aceptó como querellantes -el 28 de octubre de 2011- a Eduardo Saiegh y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en la causa 1875/09 caratulada como "Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; Reynal, William s/ delito de lesa humanidad", considerada como de Terrorismo de Estado y Antisemitismo, siendo el fiscal nominado a cargo de la investigación Eduardo Taiano. El siguiente es el manifiesto escrito por Eduardo Saiegh en el que expone su pensamiento al respecto.

“LOS ACUSO A MARTINEZ DE HOZ, Alejandro REYNAL Y Cía.”

El 31 de octubre de 1980 (exactamente 31 años atrás), como accionista mayoritario y vicepresidente ejecutivo del Banco Latinoamericano (BLA), fui secuestrado por un grupo parapolicial que me mantuvo secuestrado y torturó durante una semana para que confesara algún delito inexistente y poder desapoderarme de mi banco y de las acciones controlantes de Austral Líneas Aéreas, que estaban caucionadas en el tesoro del BLA, el único acreedor privado de la empresa de aviación. Acciones que les eran imprescindibles para materializar la  ilegal estatización de Austral, realizada en 48 horas.

Hacerme desaparecer era necesario para poder concretarlo, pero por circunstancias del destino pude salvar mi vida y desde entonces vengo dando batalla legal, tal como lo narro en mi blog www.esaiegh.blogspot.com, donde figura la información completa del caso, con la narrativa, el libro con la historia y documentos legales y periodísticos.

En su resolución Oyarbide consideró que se nos confiere la calidad de querellantes “prescindiendo de cualquier discusión de riguroso formalismo que tan sólo contribuyen a la desnaturalización de un proceso penal aún incipiente donde la defensa, también, encuentra paralizadas sus articulaciones, situación advertida por el Superior al resolver el Incidente sobre el recurso de queja por retardo de justicia”.

Hace pocos días la Cámara Federal en lo Penal apartó al juez Daniel Rafecas de la causa iniciada en la que nos correspondía constituirnos como querellantes, en un juicio contra el ex ministro de Economía y Jefe Civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz y el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal por delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado y antisemitismo.

Mi defensa, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como co-querellante, interpusimos un recurso ante Rafecas para recusar al fiscal Carlos Alberto Rívolo por considerar que a dos años de iniciada la causa, el agente público, además de perder objetividad, fue “reticente” en el “cumplimiento de sus deberes”.

En su resolución la Cámara consideró como “irrazonable e injustificable la tardanza” de Rívolo en “dar a conocer su postura” con respecto al posible inicio de la acción penal concreta, hecho que el Tribunal de Alzada ligó, “de un modo indirecto -al proceder del magistrado- sobre su propia conducta procesal a lo largo del expediente”.

Es justamente por ello que la Cámara fue más allá y apartó al juez Daniel Rafecas de la causa.

En su resolución, los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero decidieron “apartar al juez Daniel Rafecas” porque -expresaron en su fallo- “podría verse comprometida la imparcialidad del juzgador”.

La Cámara, en su oportunidad, recordó que “con su accionar discrecional, el fiscal (Rívolo), había producido trabas al juzgado para que considerara la condición de querellante de Eduardo Saiegh, quien sufriera el desapoderamiento del Banco Latinoamericano de Inversión durante la dictadura cívico-militar, considerado por el juez español Baltasar Garzón, en un fallo de 1999 como caso testigo, por  delitos de Terrorismo de Estado y de antisemitismo”.

El tribunal de Alzada agregó que “resulta llamativo que no haya motivado ningún tipo de comentario (por parte del  Juez) la frase incluida por el doctor Rívolo” en el dictamen, cuando afirmó que “el único plan sistemático de la dictadura consistía en aniquilar la subversión…" cuyos alcances, tal vez de manera tardía, intentaron ser explicados por el representante del Ministerio Público frente a las graves inquietudes manifestadas en un meduloso escrito por el CELS al propio juez Rafecas, quien también las desatendiera, adhiriendo -por el contrario-  a los dichos del fiscal.

Y la Cámara recordó que “dicha expresión fue utilizada para justificar la necesidad de cerrar la investigación con respecto a la porción del objeto procesal vinculado con la posible instauración de un plan sistemático de ultraje a la comunidad judía durante la última dictadura militar…”, por lo que era más inexplicable todavía la conducta del juez.

Luego de 31 años, y largos procesos judiciales, también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como co-querellante en la causa para impulsar la investigación sobre las responsabilidades del ex ministro de Economía de facto y jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; su par de Interior, Albano Harguindeguy, y Alejandro Reynal, entonces vicepresidente del Banco Central, en un juicio que puede presentarse como emblemático de la conjunción de delitos económicos y terrorismo de Estado ejercidos por el Jefe civil y sus cómplices de la dictadura cívico-militar.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Luis Alén, afirmó -luego de conocerse las condenas por el megajuicio a los represores de la ESMA- que el capítulo que sigue es "el proceso de juzgamiento de los responsables civiles" de delitos de lesa humanidad. "Lo que se viene es el proceso contra (José Alfredo) Martínez de Hoz, jefe civil de la dictadura y no sólo su ministro de Economía", concluyó.

De esto se trata esta querella penal, y la Justicia tiene la palabra en una causa paradigmática, ya que con esta causa se ha dado inicio al primer  juicio, con el nuevo código oral y público, igual al que se aplica a los militares de la dictadura -ahora a sus socios civiles- ya que somos todos iguales ante la ley, empezando por el jefe, José Alfredo Martínez de Hoz y sus Chicago Boys, por los delitos criminales imprescriptibles de lesa humanidad cometidos, que van desde haber repetido la historia de volver a asociarse a los militares para violar la democracia, en todo el sentido de la palabra, hasta dejar un país endeudado y diezmado, todo en beneficio propio y a costa de 30.000 seres humanos que -como con los pueblos originarios antes y en el plan genocida de la dictadura- había que “liquidarlos” para hacer realidad la quiebra del país y su gente.

De esos y muchos delitos más LOS ACUSO en esta causa que se inició un 31 de octubre de 2011, como fue un 31 de octubre de hace 31 años, en 1980,  el día que fui secuestrado.

Por eso adhiero totalmente a lo expresado por el doctor Eduardo Luis Duhalde al manifestar en su declaración pública respecto a esta causa que en ese proceso dictatorial "se buscó disciplinar mediante el terror a la sociedad, para implantar un modelo económico cuyas consecuencias aún padecemos, lo actual se inscribe en los principios de Memoria, Verdad y Justicia, impulsados por el ex presidente Néstor Kirchner y que continúa, profundizados, por la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que sobre la impunidad y el olvido no se puede construir una sociedad democrática".

En tal sentido y por todo lo manifestado,  LOS ACUSO, Y SERA JUSTICIA

Arquitecto Eduardo Ezra Saiegh



Noticias Relacionadas