ESCRITO DE LA EXPOSICION DEL DR. CIRO ANICHIARICO DE LA SECRETARIA DDHH EN NOMBRE DEL ESTADO NACIONAL EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA CAMARA DE CASACION EL 16-3-2016 ACERCA DE LA REPARACION CORRESPONDIENTE

CASO EDUARDO SAIEGH / BANCO LATINOAMERICANO

En el caso “Eduardo Saiegh / Banco Latinoamericano” deben separarse dos planos netamente diferenciados. Ambos configuran acciones delictivas graves, claramente enmarcadas en el contexto del terrorismo de estado que se instauró en la República Argentina desde fines de 1975 y persistió hasta el 10 de diciembre de 1983.

Eduardo Ezra Saiegh, presidente y titular del Banco Latinoamericano, fue violentamente secuestrado el 31 de octubre de 1980 por un grupo de tareas de tipo paramilitar, agentes del estado durante la pasada dictadura. Fue privado ilegítimamente de la libertad, es  decir sin intervención de la justicia, mantenido cautivo de manera clandestina durante siete días en dependencias de la Policía Federal Argentina. Durante dicho cautiverio Saiegh fue sometido a indecibles tormentos, salvajemente maltratado y torturado física y moralmente, para que confesara delitos inexistentes, delatara falsamente a los demás miembros del directorio del Banco Latinoamericano e inclusive, ante su resistencia, fue instigado al suicidio, situación en la que se lo sometió a un plus de ensañamiento en razón de su condición de judío,  lo cual sus captores se lo pusieron expresamente en evidencia. Logró salvar su vida gracias al pago de un rescate.  Dicho secuestro fue ejecutado –he aquí el segundo plano del caso- como medio para la obtención de otro fin, el principal, que fue el desapoderamiento ilícito del Banco Latinoamericano y todos sus activos, y su apoderamiento por parte del poder de facto instaurado en el país. Este objetivo principal, que se construyó sobre la base del primer conjunto de delitos, se materializó mediante la estratagema ilícita del secuestro de Saiegh en las condiciones apuntadas y la paralela amenaza a la vida del resto de los directores del Banco, a fin de que firmasen la “autoliquidación voluntaria” de dicha entidad. Todos los detalles y permenores de ese accionar delictivo figuran en la Causa N° 1875/09 promovida el 17 de febrero de dicho año, originariamente ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 de la Capital Federal.

         Ambos planos del accionar precedentemente descripto, constituyeron claros delitos de lesa humanidad y a la vez graves violaciones de los derechos humanos (por aplicación del ius cogens o derecho de gentes en primer lugar, Art. 118 de la Constitución Nacional –Anterior 102 de la CN de 1853-, del Art. 7 Incs. 1 e) y f) del Estatuto de Roma, aprobado por Ley 25.390 promulgada el 8 de enero de 2001; del Art. 17 Inc. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; del Art. 5 Incs. 2, 7, 21 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, aprobada por Ley 23.05; y de los Arts. 1, 2 y 6 de la Convención Internacional sobre todas las Formas de Discriminación Racial). Siendo así “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para nuestro país” (C.S.J.N., Fallos: 328:2056; 330:3248).

Pero al mismo tiempo resulta indudable destacar que se trató de un grupo de delitos –los que afectaron físicamente a la persona- cometidos como medio o instrumento para la comisión de otro: el desapoderamiento patrimonial. Se trataron ambos planos de hechos y conductas plenamente independientes. La privación ilegítima de la libertad (Art. 142 Incs. 1, 3, 4 y 6 del Código Penal), los tormentos (Art. 144 ter, C.Penal, según Ley 14.616), la discriminación antisemita (Convención citada) y la extorsión (Arts. 168 y 170 del C.Penal, según Ley 20.642), constituyeron conductas que se materializaron reuniendo todos y cada uno de ellos sus respectivos elementos típicos de esos delitos, tanto en sus aspectos objetivos (descripción típica) como subjetivos (el dolo específico en cada caso).

Las normas del derecho internacional de los derechos humanos, vigentes en nuestro país y con jerarquía constitucional (Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, según Reforma de 1994), como se indicó precedentemente, protegen especialmente la libertad, la integridad física, la no discriminación y el derecho a la intangibilidad del patrimonio, frente a las acciones abusivas del estado o de sus agentes, o de quienes obraren con su aquiescencia. Y, para el caso de la violación de cualquiera de esos derechos, en tales circunstancias, establece la obligación de adecuada investigación judicial, enjuiciamiento y sanción a quienes se compruebe como responsables, más la reparación de los perjuicios ocasionados por parte del estado infractor. Debe aquí destacarse que el Estado es siempre considerado como una unidad institucional histórica, independientemente de los cambios de gobierno o de los funcionarios que detentan los cargos.

Eduardo Saiegh, como víctima directa, denunció desde un primer momento los crímenes de estado de los que fue víctima. El Estado Argentino, ya recuperada la vigencia de las instituciones democráticas, asumió la decisión de impulsar la investigación judicial de esos crímenes, constitutivos, como se dijo, de claros delitos de lesa humanidad. Además, el caso de Eduardo Saiegh fue en su momento admitido por el entonces juez español Baltazar Garzón, en razón de la competencia universal que asumió sobre las graves violaciones cometidas en nuestro país durante la pasada dictadura. A ello debe sumarse, cosa que resulta definitoria en relación a la procedencia y exigibilidad de la reparación debida a Eduardo Saiegh, que por Resolución del año 2004 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de un previo informe de la CONADEP y de dictamen específico del ex Subsecretario de Derechos Humanos Dr. Rodolfo Mattarollo, el Estado Argentino reconoció formal y oficialmente los delitos sufridos por el nombrado Saiegh como dados en el contexto del terrorismo de estado, y asumiéndolos en consecuencia como delitos de lesa humanidad, oportunidad en la que se enfatizó al mismo tiempo que esos delitos se produjeron con un especial ensañamiento dada la condición de judío de la víctima. De esa decisión se desprendió que la SDHN, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, se presentó en calidad de querellante (Arts. 82 y ss. Del CPPN), y fue tenida como parte en tal carácter, en las causas penales en las que se investigan dichos delitos.

Queda claro así que ya medió por parte del Estado Argentino el reconocimiento de dos extremos:

a)   El efectivo acaecimiento de los delitos personales de los que Eduardo Saiegh fue víctima: secuestro, privación ilegítima de la libertad, tormentos, extorsión, más accionar discriminatorio antisemita.

b)   El desapoderamiento ilegal de su patrimonio, consistente en la generación de condiciones fraguadas sobre la base de las cuales el Estado, a través de sus agentes, se apoderó del bien privado, integrante del patrimonio de la víctima: Banco Latinoamericano y de todos sus activos.

Ambos extremos refieren a dos universos delictivos perfectamente diferenciados, el primero consistente en delitos contra las personas (Libro Segundo, Título V Delitos contra la libertad y la integridad física y psíquica, según Ley 21.338, del Código Penal), y el segundo consistente en delito contra la propiedad (Libro Segundo, Título VI, Cap. III, según Ley 20.642, del mismo Código).

Y ambos se encuentran a la fecha en un distinto estadio de prueba:

Respecto del primer punto, cabe señalar que a su vez se compone de dos elementos. Como se indicó, las materialidades ilícitas de los delitos cometidos contra la persona de Saiegh, en los términos del Art. 360 última parte del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto se encuentran plenamente probados los ya referidos hechos delictivos (“elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso”). Ese es el primero. Mientras que las personas imputadas como autores, tanto directos como mediatos, como agentes del estado ejecutoras de esos delitos, se encuentran aun atravesando una etapa del trámite procesal en el que todavía está pendiente la decisión judicial de vincularlos con aquellos hechos y llamarlos a prestar declaración indagatoria (Art. 294 del Código procesal citado) sometiéndolos de tal modo a proceso penal. Por parte de los querellantes existe la certeza procesal de la identidad de una parte de dichas autorías, las mediatas: José Alfredo Martínez de Hoz (hoy fallecido), Alejandro Reynal y William Reynal. Ello es así atento el peso de las pruebas de cargo colectadas en la investigación respecto de esas personas. Pero lo cierto es que la necesaria respuesta judicial no se ha emitido todavía. Es decir, está judicialmente acreditada la materialidad de los delitos sufridos por Saiegh en su persona (secuestro, torturas, discriminación antisemita, extorsión), pero sin expedirse la justicia todavía respecto de la individualización y responsabilidad de los autores directos y mediatos.

Mientras que el otro extremo –el desapoderamiento económico ilícito-, por el contrario, no solo que se encuentra plenamente acreditado atento la prueba instrumental fehaciente de la transmisión de dominio a nombre del Estado, sino que además ha sido motivo de expreso reconocimiento por parte del propio Estado de su responsabilidad en ese hecho, como antes se dijo.

La precedente especificación de los distintos hechos, y sus estadios diferenciados, que componen el proceso delictivo completo que sufrió Eduardo Saiegh, permiten concluir en definitiva que de tres elementos esenciales a tomar en consideración, dos están plenamente probados y admitidos ya por el Estado Argentino, restando solamente uno: que se expida la justicia respecto de la individualización y procesamiento de los sujetos que ejecutaron, en representación ilícita del Estado, las acciones materiales, ya sea como autores directos o mediatos.

Aquí es donde, a los fines de este análisis, resulta ineludible entonces concluir que, la provisoria indefinición judicial respecto de la individualización y responsabilidad penal de los autores directos y mediatos de las acciones delictivas personales que sufrió la víctima, no afecta el hecho de que los otros dos extremos, completamente autónomos, están ya probados y admitidos por el Estado, resultando así de manera incuestionable, frente al derecho internacional de los derechos humanos, que el derecho a la reparación económica ya es exigible: está probada la afectación ilícita de un patrimonio privado, y correlativamente está probado el apoderamiento ilícito por parte del Estado de ese patrimonio confiscado, en el marco del terrorismo de estado. La consecuencia se deriva sin hesitación alguna: el Estado Argentino está ya, a la fecha, obligado a la efectivización de la justa reparación económica. Someter este derecho reparatorio económico por el delito comprobado contra el patrimonio, ya admitido por parte del Estado, a otro extremo que es totalmente autónomo, como lo es la invididualización, procesamiento y eventual condena de las personas autoras directas o mediatas de los delitos contra la persona, resulta un mecanismo improcedente, un perverso artilugio argumental de englobamiento de hechos distintos y autónomos, que hasta podría ser interpretado como estratagema por la que el Estado intenta abstraerse o eludir su obligación reparatoria económica de un patrimonio privado del que se ha apoderado ilícitamente, subordinándolo a una condición extraña, de cuya producción para más, al mismo tiempo depende del propio Estado producir a través de su administración de justicia. Téngase en cuenta que a los fines del efectivo cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos, conforme criterio uniforme de los Organismos Internacionales en la materia creados por los Tratados Internacionales, ratificados además por nuestro país, los estados nacionales son considerados como una unidad, no siendo aceptada como excusa las diferencias de criterio o contradicciones que pudieren existir entre los propios organismos internos o poderes del estado transgresor. De Persistir la República Argentina en semejante mecanismo de elusión de responsabilidad, implicaría una perversa revictimización de Eduardo Saiegh (privado ilícitamente de su patrimonio por el estado primero, luego el Estado admite el hecho y su responsabilidad, pero a la vez introduce subrepticiamente una condición que de el mismo depende para evitar la reparación) , lo cual resultaría sin duda alguna observado por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que la República Argentina forma parte, tanto en el Sistema Interamericano como en el Universal, poniendo otra vez al Estado Argentino ante una segura situación de condena.

La reparación económica del ciudadano argentino Eduardo Saiegh de los daños económicos que el Estado argentino le produjo, ya probados, en su justa medida, resulta ser una insoslayable decisión que debe tomarse y ejecutarse a la mayor brevedad posible, no solo atento el tiempo transcurrido desde que esos derechos económicos fueron afectados, sino a fin de evitar una segura sanción contra el Estado, agravada por la circunstancia de que la afectación patrimonial incluyó motivaciones antisemitas, lo cual el Estado Argentino no se puede permitir, no solo por su compromiso histórico en relación a esos reprochables actos, más los Tratados y Convenciones internacionales a cuyo cumplimiento se obligó, sino por las claras políticas de estado que sostiene actualmente en la materia. Y no está de más recordar aquí que organismos representantes de la colectividad judía, tanto internacionales como nacionales, han manifestado ya su expreso apoyo y reclamo para que Eduardo Saiegh sea reparado adecuadamente en los perjuicios que el Estado Argentino le ocasionó. Así, tempranamente, en fecha 13 de mayo de 1993, en nota dirigida al entonces Presidente Carlos S. Menem, el Director de The Jarkow Institute for Latin América of The Anti-Defamation League of B´nal B´rith, D. Rabi Morton M. Rosental, expresó, acerca de los casos Siderman y Saiegh: “…es mi anhelo que Ud. intervenga en ambos casos para que los mismos sean resueltos pronto, ya que tanto el Sr. José Siderman y su familia, como el del Arqt. Eduardo Saiegh llevan más de 13 años en su reclamo de justicia, para que se les reintegren o resarzan por los bienes desapoderados durante el período del último gobierno militar…” Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se ha comprometido ante Saiegh de manera expresa a colaborar con el para que obtenga justicia por los ataques que padeció. Así se desprende, entre otros comunicados, de la nota enviada al nombrado Saiegh fechada en 16 de abril de 2003, firmada por el entonces Presidente de dicha entidad, Dr. José Hercman, y su Secretario General Dr. Julio Toker, en donde se afirmó que “…señalamos que la DAIA, en cumplimiento de su mandato comunitario de luchar contra el antisemitismo y la discriminación y de brindar apoyo y ayuda a quienes han sido víctima de este flagelo, incluyó su caso en la presentación que la entidad efectuara ante el magistrado español Dr. Baltasar Garzón…”.

     No se ve otra solución aceptable que disponer, a la mayor brevedad posible, y con total independencia de la individualización, enjuiciamiento y sanción de los autores directos y mediatos de estos crímenes –inclusive aunque jamás pudieran resultar individualizados por la Administración de Justicia- la justa reparación económica que el Estado Argentino debe al Sr. Eduardo Ezra Saiegh por las graves violaciones a los derechos humanos sufridos tanto en su persona física como en su patrimonio, que por el contrario sí se encuentran plenamente probados.

 

Ver Notas:

http://notas.org.ar/2016/08/11/por-que-gobierno-desistio-querellar-causa-contra-civiles-dictadura/

http://www.perfil.com/politica/el-gobierno-se-bajo-de-causa-contra-un-civil-de-la-dictadura.phtml

 

 

 

 

 



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