EL FISCAL MOLINAS DENUNCIO A VIDELA, MARTINEZ DE HOY Y REYNAL POR EL TRASPASO IRREGULAR DE AUSTRAL AL ESTADO

El 1 de marzo de 1984 desde la edición matutina del diario Clarín se reportó que el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas denunció penalmente al entonces presidente Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, al ex secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein y a los ex integrantes del directorio del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), por irregularidades cometidas en el traspaso al Estado de la empresa Austral Líneas Aéreas y dos de sus subsidiarias, operación realizada en 1980.

El fiscal Molinas, que formalizó su denuncia en el Juzgado Federal del doctor Miguel Julián Castillo, señaló que la maniobra generó un “gravísimo perjuicio” al Estado que mediante el decreto 1922 aceptó la transmisión de las acciones de Austral, ofrecidas por su titular -William Juan Reynal, quien también entregó las correspondientes a Lagos del Sur y Sol Jet sin mediar declaración de quiebra ni pedido de liquidación.

En la denuncia de Molinas, promovida desde el Poder Ejecutivo del Radicalismo, el fiscal expresó que al momento de efectuarse el traspaso, Austral estaba en condiciones de ser disuelta por la pérdida de capital y contaba con un pasivo, en 1980, de $ 154.261.391.

“Sin embargo, dijo, el Estado a través del BANADE aceptó la transmisión de las acciones el 10 de septiembre de ese año”.

También recordó que el Poder Ejecutivo resolvió el pase de Austral “en un solo día y sin observaciones”.

También recuerda que para comprar las acciones de Austral, el gobierno de la dictadura consideró hacerlo al abrigo del decreto 1922/80, pero advirtió (Molinas) que careció de fundamentación jurídica porque la ley 22.177 “lejos de estatizar empresas privadas, faculta al Estado a privatizar empresas públicas”.

Esto indica claramente la falta de fundamentación jurídica en la adquisición del paquete accionario mayoritario, hecho considerado como de una anomalía “de la Presidencia de la Nación, del Ministerio de Economía y del Banco Nacional de Desarrollo.

Molinas también agregó que “no se cumplió con la obligación de solicitar la quiebra, como correspondía”.

De esta manera, el periodista advirtió que “el estado pasó a ser de principal acreedor a propietario de una empresa prácticamente en quiebra y, por ende, deudor del resto de los acreedores con los graves perjuicios económicos que ello implica para el Tesoro Nacional, incluida la pérdida de privilegios sobre los créditos”.

Por todo lo antedicho, la Fiscalía calificó a las operaciones de traspaso de Austral y las dos empresas subsidiarias como de “negociaciones ilegales” que tuvieron como “fin último y excluyente salvar el patrimonio de los anteriores propietarios… y cubrir la responsabilidad penal de sus directivos ante la inminencia de la declaración de quiebra fraudulenta”.



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