EL BRIGADIER HUGHES RECONOCIO LA LIQUIDACION DEL BLA COMO UN CASO DE CORRUPCION ADMINISTRATIVA

Con motivo de la entrega del Gobierno a las autoridades constitucionales presididas por el doctor Raúl Alfonsín, en el listado de temas pendientes de resolución, el entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Augusto Hughes, reconoció que el gobierno de la dictadura cívico-militar tuvo temas perfectamente identificados como de corrupción o deshonestidades administrativas entre los que incluyó la ilegal liquidación del Banco Latinoamericano.

En un artículo publicado en el diario La Nación del 23 de diciembre de 1982, el brigadier Hughes, en conferencia de prensa, reconoció que la liquidación del Banco Latinoamericano tuvo serias irregularidades y negó que “el gobierno pretenda soslayar los temas de corrupción o deshonestidad administrativa”.

De este modo, hasta un altísimo funcionario de la dictadura reconoció explícitamente la ilegalidad de los actos cometidos por las patotas parapoliciales bajo las órdenes de José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal.

Y también informó el curso que se le dio a esas denuncias. 
En el caso del Banco Latinoamericano, la investigación fue radicada en el Juzgado Federal número 5, Secretaría número 15 y la denominó como ‘Presuntos ilícitos cometidos por funcionarios de Jerarquía del Banco Central en la liquidación del Banco Latinoamericano’.

Por último también reconoció que la Fuerza Aérea se había opuesto a la estatización de Austral Líneas Aéreas porque tenían claro que representaba “un gran negociado”.

Casi 30 años después de publicado este artículo, el 19 de octubre de 2012 la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa que investiga mi secuestro en octubre de 1980, con el objetivo de despojarme del Banco Latinoamericano y, a través de esta acción, quedarse con las acciones de Austral con la intención de no cancelar la deuda con el BLA.

El Tribunal hizo lugar a un recurso que presentamos en el que responsabilizamos, por mi detención ilegal, al entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, en el marco de un “plan urdido desde las más altas esferas del gobierno militar” para apropiarse de “los bienes de empresarios judíos”.

Con la firma de los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiller, el Tribunal ordenó desarchivar mi causa, cuya acción penal había sido declarada prescripta en el año 2000, dado que se trata de un delito de lesa humanidad imprescriptible.

La causa original se inició en 1982 cuando denuncié que el 31 de octubre de 1980, como fruto de una denuncia anónima, fui detenido sin orden judicial por personal de la División Bancos de la Policía Federal.

El grupo funcionaba dentro del propio Banco Central y “a Disposición” de sus autoridades, y fui sometido a torturas durante una semana.

Un mes después, Reynal notificó a directivos del banco el rechazo de un plan de encuadramiento que incluía la compra por el Credit Lyonnaise, exigiéndoles la autoliquidación bajo amenaza de intervenir y ocupar la entidad.

Recién en 1991 la justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Reynal, medida revocada por la Cámara en 1992 y que, tras varias idas y vueltas, se convirtió en una prescripción, en julio del 2000.

En su resolución actual desarchivando aquella causa, el Tribunal ordenó su unificación con otra más reciente abierta en el 2011 con el respaldo del entonces secretario de Derechos Humanos, el fallecido Eduardo Luis Duhalde, y apoyada por la DAIA.

En esta nueva denuncia se aludió a que mi secuestro “tenía como trasfondo un ataque sistemático y generalizado contra empresarios, en gran parte miembros de la comunidad judía, con el objetivo de hacerse de sus bienes mediante coacciones y secuestros”.

La decisión tomada por la sala II del Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la pesquisa con nuevos elementos aportados, e incluye la denuncia al ex dictador Jorge Rafael Videla, a su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y a varios jefes policiales identificados.



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