CREARON UNIDAD DE INVESTIGACION DE DELITOS ECONOMICOS DURANTE LA DICTADURA

El gobierno argentino oficializó la creación de una Unidad Especial de Investigación de los delitos de lesa humanidad vinculados a temas económicos que deberá analizar hechos cometidos con motivación económica durante la última dictadura militar. Se tienen contabilizados 604 casos de empresas que fueron víctimas de despojos, intervenciones o apropiación ilegal.

La creación de la dependencia estaba en la agenda del gobierno desde marzo de 2010, a partir de una minuciosa recolección de casos y denuncias de la Secretaría encabezada en ese entonces por el fallecido Eduardo Luis Duhalde, motor de la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos.

Las conclusiones, según se dio a conocer en septiembre de 2011 por el matutino Tiempo Argentino, señalan que unas 600 empresas fueron víctimas de despojos y apropiación ilegal en los años de plomo.

“Se trata de 604 casos de empresas de diferente tipo y rubro y afectadas por delitos de distinta magnitud como la liquidación, la intervención o, directamente, la apropiación”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén.

El principal objetivo de la nueva Unidad Especial será recabar “de organismos oficiales y no oficiales nacionales e internacionales” toda la información para obtener pruebas de posibles víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica y, de ese modo, crear un registro con sus datos.

El nuevo organismo deberá, también, coordinar posibles acciones legales y asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en las causas o en las investigaciones conexas.

Según la resolución 3216/2010, la Unidad Especial también deberá organizar una base de datos con los antecedentes y evolución de cada caso y diseñar estrategias de comunicación para que las víctimas conozcan al organismo y brinden información para identificar a los posibles autores, coautores, cómplices y encubridores y partícipes de los delitos.

En los fundamentos de la resolución publicada oportunamente en el Boletín Oficial, el Ejecutivo advirtió que “entre el universo de las graves violaciones a los Derechos Humanos causadas por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquellas que tuvieron motivaciones económicas”.

Alén, por su parte, explicó que los casos investigados “demuestran un modus operandi de la dictadura, que era entregar las empresas a la Sociedad Rural y al capital financiero, responder a las órdenes del jefe civil de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz”.

El nuevo organismo funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, según se publicó en el Boletín Oficial el 29 de noviembre de 2010.



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