ACCION CIVIL CONTRA LOS ACCIONISTAS DE "LA ANONIMA" Y DEMAS ACCIONISTAS DE AUSTRAL L.A. PRESENTADA ANTE LA JUEZA SERVINI DE CUBRIA

Ahora que los archivos de la dictadura ratificaron nuestras denuncias hechas hace 34 años , que los dólares que nos robaron salían por mba el banco de Reynal, volando por austral junto con los vuelos de la muerte, y "la anónima" ya no es tan anónima para nada, tienen nombre y apellido, a sus dueños y dueños de austral , de la rancia oligarquía vernácula patagónica, tal como ayer históricamente denuncio , les inicie las acciones civiles penales imprescriptibles, y los acuso judicialmente por delitos de lesa humanidad y patrimonialmente en función de los avales personales por la deuda de los 7 millones de Dólares de entonces actualizado a hoy, que tampoco han prescrito.

 

 


 

SOLICITA TRAMITACION POR SEPARADO

SE CONSTITUYE COMO ACTOR CIVIL

 

Señora Jueza Federal:

 

Eduardo Ezra Saiegh, con domicilio real ya informado y legalmente constituido en Lavalle 1678 4º “C” de esta ciudad, con el patrocinio de Alejandro Rúa (CPACF To. 92 Fo. 514. Registrado como usuario 20167478167 en el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos previsto en Acordadas 31/11 y 28/13 de Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con casilla de correo allí informada en alerua@hotmail.com), ya admitido como parte querellante con los alcances y la representación establecidos en el Expte. 1875/09 ("Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro y Reynal, William s/ Delitos de Lesa Humanidad”) y su acumulado Expte 6279/97 (ex 1662/82, "Reynal, Alejandro Fabián s/ extorsión"), digo:

 


A.-  SOBRE LA QUERELLA DE LA UIF Y SU TRÁMITE

 

1.- La Unidad de Información Financiera presentó su reciente querella, en los términos del artículo 83 y concordantes del CPPN, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 1º del decreto 2226/2008, como así también del artículo 4 de la Ley 17.516 (Representación Judicial del Estado, texto según Ley 19.539) y el artículo 8 del Decreto 411/80 (Ref. Decreto 1265/87), en orden a la denuncia oportunamente efectuada entre otros contra Alejandro Reynal y William Reynal, por los delitos de lesa humanidad que me tuvieran como víctima directa en la última dictadura cívico-militar.

 

En consonancia con el avance del trámite, destacó la UIF al respecto que correspondía “tener presente que en 1980 el Sr. Saiegh se desempeñaba como vicepresidente primero del Banco Latinoamericano, siendo a su vez titular del 99,1% de sus acciones”, y que “en esas circunstancias el 31 de octubre de ese año fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura y sometido a un sin número de vejámenes y torturas a fin que este confesara delitos que permitieran al Banco Central de la República Argentina, decretar la intervención de la entidad bancaria”.

 

Que “tal como lo refleja la Comisión Nacional de Valores, en una publicación titulada ‘Economía, Política y Sistema Financiero’, elaborada por la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad y Justicia, el Sr. Saiegh habría sido secuestrado por orden del entonces vicepresidente ejecutivo del BCRA, Alejandro Reynal, para robar el Banco Latinoamericano de Inversión”.

 

Que “el objetivo habría sido apropiarse de las acciones de la firma Makin S.A. controlante de Austral Líneas Aéreas, que estaban en caución en el tesoro del banco por una deuda superior a 7 millones de dólares que tenía la compañía aérea y eran necesarias para materializar el decreto 1662/80 de su estatización”.

 

Y que “en este punto debe tenerse particularmente presente que el Sr. William Reynal –primo de Alejandro Reynal- era uno de los principales accionistas de la firma Austral Líneas Aéreas y había encabezado las acciones tendientes a concretar aquella estatización. Máxime cuando aquella compañía registraba un pasivo superior a los 250 millones de dólares, por lo que su estatización, constituía un fructífero negocio para sus accionistas, ya que les permitía deshacerse del peso de aquel”.

 

2.- Todo ello encuentra además respaldo en el contenido de los archivos hallados recientemente en poder de la Fuerza Aérea, según fueran ya acumulados al trámite, digitalizados.

 

Entre ellos destaca el informe producido con fecha 12 de setiembre de 1980 por un entonces asesor jurídico general del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, respecto de las negativas consecuencias de la adquisición por el Estado Nacional del 94% del deficitario paquete accionario del caso. Y en orden a que “no parece razonable que el Estado… acepte dicha transferencia de acciones de una sociedad en virtual cesación de pagos, de lo que se tiene cabal conocimiento, y luego de un período de evaluación lo culmine, pidiendo su concurso o quiebra”.

 

“Que obviamente, durante ese período, el Estado tendrá que facilitar los medios económicos y aportes necesarios, no solo para asegurar la continuidad de los servicios, sino también para pagar el pasivo exigible que no sea del propio Estado o refinanciado, por intransigencia de los acreedores que conozcan la situación, cuya publicidad es evidente" (aunque ya sabemos cómo se ocuparía la propia dictadura de resolver este “problema” respecto de mi banco mediante los delitos de lesa humanidad que aquí interesan). Y que "tal aporte puede ser significativo, en atención a que se conoce la pérdida total del capital, la existencia de un déficit diario de explotación y de un pasivo abultado y exigible a corto plazo”.

 

Que “en otro orden de ideas, la apreciación lisa, llana e inmediata de la transferencia de las acciones, importa liberar a los actuales accionistas –o en el mejor de los casos postergar- de sus responsabilidades y compromisos”, tornándolos -cuando no directamente cómplices a aquellos que intervinieron- cuanto menos participes de los efectos del delito a título lucrativo. Y que “lo indiscutible es que en virtud de esta operación, el Estado asume obligaciones y riesgos importantes, cuya dimensión y consecuencias no pueden precisarse con certeza”.

 

En iguales términos, el comodoro Larghi también declaró a fs. 261/343 del acollarado Expte. 2677/2013, y dio cuenta del modo en que “el ministerio de Economía facilitó y otorgó a la empresa [créditos y avales], algunos con la opinión contraria de la Dirección [que estaba entonces a su cargo] y en otros sin comunicación alguna a la Dirección, en razón de la insuficiencia notoria de las garantías que la empresa ofrecía”. Y que “incluso algunos de ellos se caucionaron con la entrega de las mismas acciones de Austral, que posteriormente pasaron a poder del Estado por transmisión de dominio”.

 

Que “dentro de la órbita del Ministerio de Economía, las negociaciones sobre el destino de la empresa Austral estaban centralizadas en la persona del secretario Guillermo Walter Klein”. Y que “todas las proyecciones económicas que en ese momento se presentaron para ilustrar sobre la evolución que era de esperar de Austral partían de datos básicos erróneos”.

 

Acompañó ya entonces al respecto el documento de época agregado a fs. 271/276 (y contenido también en los archivos recientemente difundidos), y respecto de que la empresa Austral “se encuentra en la más absoluta situación de crisis” y que su balance “ha sido –como en la jerga contable se estila decir- ‘pintado’, activando las pérdidas y abultando activos mediante revalúos exagerados que, en los hechos prácticos, solo evidencian la mala fe empresaria, ya que el patrimonio ha sido consumido totalmente y llevado a valores negativos de orden superior a los U$S 20.000.000,00.-”.

 

Y que “la crónica situación deficitaria de Austral… es ineficiencia imputable a la conducción empresaria –que ha recibido del Estado facilidades de todo orden…”, ya que “la proyección, además, acredita a Austral un excepcional predicamento en el ámbito del Ministerio de Economía” y “una situación de privilegio injustificada.

 

Y agrego además otros documentos, acumulados a fs. 282/342 y desclasificados ahora por el Ministerio de Defensa, en los cuales se aclaró “librado a la total responsabilidad del Ministerio de Economía el perjuicio material y moral que el Estado pudiera sufrir” por la aceptación “que no es ni lógica ni aceptable” de las propuestas formuladas por Austral y que “entrañan un perjuicio pecuniario notable para el Estado”.

 

Y que “ello es tanto más grave por cuanto son funcionarios responsables del Ministerio de Economía -nivel Secretario de Estado y sus asesores- quienes intervienen, redactando la nota a través de la que se cometería tal violación” legal, y evitando a la empresa “hacerse cargo de las responsabilidades derivadas de las Leyes 19.550 y 19.551”.

 

A propósito de ello, esta querella ya ha hecho antes referencia a los objetivos que tuvo la maniobra delictiva contra la humanidad que me afectara directamente, y según lo recogiera la Alzada en la resolución que se viene citando, "en una carta (v. copia 'B') remitida a Martínez de Hoz, el mismo día de la firma del decreto 1992, los accionistas de Austral manifestaron que asumían las deudas pendientes de la empresa" [aunque  ya veremos la acción pergeñada por los Reynal y los Chicago Boys para que ello nunca se concretara], y que "el detalle de las obligaciones mencionadas en la nota revela que el único acreedor privado de Austral era, para entonces, el Banco Latinoamericano".

 

Y que fue por ello que la interesada acción oficial empeñada en la "estatización" delictiva de la bancarrota de Austral y al favorecimiento espurio de William Reynal y su socios, debió tender, de inmediato, a intervenir la entidad que podía frustrar, mediante el ejercicio de sus derechos, el traspaso de las acciones a que se habían comprometido, y que para entonces se encontraban depositadas en caución en su Tesoro. Y que por ello fueron contra mi Banco. Del modo en que se encuentra reseñado con el mayor de los detalles en esta causa 1875/09.

 

Así, aquella actuación administrativa 20.197/80 (que fue también como tantas otras "desaparecida" del BaNaDe, y que solo en copia se encuentra reservada según constancia de fs. 160 del Expte 14.792/84) se presento originada con la propia presentación efectuada el 12 se setiembre de 1980 por todos los mencionados accionistas mayoritarios de Austral, la que se encuentra agregada en copia a fs. 32/34 y fs. 80/82 de ese proceso acollarado, y en la que ratifican “el ofrecimiento que efectuáramos por nota de fecha 10 de setiembre de 1980 [la que también se encuentra agregada en copia a f. 71], adecuándolo a los criterios explicitados por ese Ministerio” (ya veremos de qué modo), con destino a transferir las acciones que eran de su propiedad, dejando constancia que “nada tenemos que reclamar al Estado por su aceptación de las acciones cuyo dominio ofrecemos”.

 

Siendo que mediante nota del 16 de setiembre de 1980 (agregada en copia a fs. 35/36 y fs. 83/84 de ese legajo, y que es la misma de aquella "copia B" a la que se aludiera), William Reynal y todos los otros accionistas de Makin S.A. reconocieron “las obligaciones por las que Makin S.A. pudiera resultar responsable con motivo de los avales y fianzas para obligaciones de Austral”, siempre respecto de mi Banco Latinoamericano como principal acreedor privado, por un monto total de $ 7.351.433.743.

 

Y resulta ya oportuno detenerse en tal detalle de los accionistas de Austral donde se consigna el último crédito concedido a largo plazo, con vencimiento el 4 de septiembre de 1983, ya que en efecto, no figura allí el dato que corresponde a la garantía, dado que la carta fue corregida y en la columna en la que pueden leerse las Garantías, aparece allí una raya o guión como si no existiese garantía por el préstamo, extremo inverosímil e inaceptable. Sucede que justamente ese crédito había sido garantizado con las acciones propiedad de Makin S.A., empresa controlante de Austral, a diferencia de los restantes préstamos incluidos en el mismo informe, cuyas garantías fueron consignadas como “facturas de Austral”.

 

Obviamente que no podían comprometerse a transferir el dominio de acciones que ya no tenían. De modo que en el trámite presentaron directamente esa carta con el dato incompleto, a fin de que no quedara evidente y expuesto que había todavía “un problema que solucionar” con el Banco Latinoamericano para concretar la transferencia del paquete accionario comprometido. Y ya sabemos de qué modo lo hicieron. Pero el dato de la omisión de la garantía de caución de acciones para ese crédito a largo plazo, que las autoridades de facto del Ministerio de Economía aceptaron sin más, demuestra que todos sabían de qué se estaba hablando, y que el negociado que promovían iba a necesitar de una acción paralela (para-oficial) para “solucionar” ese “problema” con el Banco Latinoamericano.

 

Siguiendo así con la reseña de los documentos aportados por el comodoro Larghi, allí se destaca que “las medidas políticas no pueden, en absoluto, entrañar violaciones de las leyes, como los que en este caso se cometerían, ni pueden proceder los funcionarios con la falta de ética y seriedad que suponen la nota y el decreto preparados por el Ministerio de Economía para soslayar la empresa la prohibición de la intervención estatal que marca la Ley Nro. 21.606, comprometiendo al Estado con un pasivo empresario de la magnitud ya señalada y sentando un precedente negativo”.

 

Y que tales “medidas políticas”, que así incluso las presentaría el dictador Videla luego en su defensa en el trámite que se viene citando, “como lo dice la calle, solo apuntaron a proteger el pretendido ‘buen nombre’ de William Reynal, quien a través de la vía más cómoda y barata para él, se habría desprendido, sin ninguna responsabilidad de sus obligaciones naturales de empresario. Al igual que todos sus socios por entonces, hayan intervenido o no en la maniobras delictivas contra la humanidad, lo que funda su responsabilidad patrimonial en los términos de la normativa penal según se verá.

 

3.- Más allá de ello y siguiendo con el relato de la presentación de la UIF, también se señaló que “por otra parte, también se desprende de aquella publicación que existieron otros motivos por los que se habría producido el secuestro del Sr. Saiegh, y es aquí donde debe darse cuenta que en aquél momento el Sr. Saiegh se encontraba gestionando la venta de 60% del paquete accionario de su banco, y en ese andar, llevaba muy avanzadas las negociaciones con el Credit Lyonanis”.

Que “llama así la atención que mientras el Sr. Saiegh se encontraba detenido los potenciales compradores de su banco fueron llevados a una estancia perteneciente a Francisco Capozollo y se los persuadió para que reorientaran su inversión y optaran por comprar el Banco Tornquist, de propiedad del Sr. Capozollo”. Y que “como si ello fuera poco, durante su detención -05 de noviembre de 1980- Alejandro Reynal citó a Jorge Alberto Shaw -presidente del BLA- y Bernardo Grispun -vicepresidente segundo- para una entrevista donde se les exigió el desplazamiento de Eduardo Saiegh del Directorio y la entrega del paquete accionario del BLA, lo cual rechazaron, sin perjuicio de que, bajo amenaza, lograron hacerles firmar un pedido de autoliquidación de la entidad”.

 

Que “en cuanto a aquel pedido de autoliquidación debe remarcarse que el mismo no se efectivizó en atención a que el propio BCRA mediante Resolución Nº 15/81, ordenó la intervención y liquidación del banco, con un andamiaje factico y jurídico tan endeble que motivó que la Procuración del Tesoro de la Nación, mediante dictamen Nº 85/90, de fecha 29 de marzo de 1990, declarara la invalidez del acto

 

Que en dicho dictamen se señala “que el BCRA debería decidir la revocación de dicho acto por razón de su ilegitimidad, correspondiendo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de dictar el acto nulo”, y que como “atento al tiempo transcurrido podría darse la imposibilidad materializar aquella situación legal, ante ello sostiene que deberán arbitrarse, con la parte interesada, los medios para convenir una reparación material de los daños causados por el accionar ilegitimo del BCRA”. “Es decir que aquel dictamen dejó sentado que el accionar evidenciado por el BCRA en la liquidación del Banco Latinoamericano de Inversión fue absolutamente irregular e ilegitimo”, y “hasta aquí resulta claro que el secuestro extorsivo de Eduardo Saiegh, tuvo al menos tres finalidades claras:

 

(1) el licuado de la deuda que la empresa Austral Líneas Aéreas mantenía con el BLA –con el objeto de estatizar la firma-;

(2) la captación del Credit Lyonanis a fin que desistiera de la compra del BLA y reorientara su inversión adquiriendo el 100% del paquete accionario del Banco Tornquist; y

 

(3) la apropiación de los bienes del BLA ordenando su intervención y liquidación mediante la utilización del aparato represivo del estado”.

 

4.- Así, en consonancia con cuanto ha quedado ya suficientemente expuesto ya en el trámite y fuera también por esta querella sino además por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuya representación interviene en el caso, y por el propio agente fiscal que ha quedado a cargo de la instrucción, sostuvo además la UIF que “no puede soslayarse el carácter que imprime a estos delitos, que es el carácter de lesa humanidad, atento que se trata de maniobras delictivas que formaron parte de una secuencia y una metodología sistemática diagramada por el Estado con finalidad persecutoria y no de simples e independientes hechos violatorios de la propiedad”.

 

Que “en este aspecto es que resulta indudable que nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad y en consecuencia, imprescriptibles”. Y que “en ese orden, la persecución emprendida contra las víctimas comprendió medidas estatales que afectaron simultáneamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, de legalidad, propiedad privada, igualdad ante la ley, y protección judicial de un sin número de ciudadanos”.

 

Que “se trata de violaciones de parte del Estado Argentino a los derechos consagrados en los Art. I, II, VIII, IX, XXV, y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Hombre de Bogotá de 1948, plenamente vigente al momento de la comisión de los hechos”. Que “en tal orientación, los ataques a la propiedad realizados en el marco de una persecución política a gran escala, sistemática y planificada, integran los delitos o crímenes contra la humanidad”. Y que “en el punto, se destacan pautas directrices establecidas en la jurisprudencia internacional y nacional en relación con las generalidades correspondientes a delitos de este tenor”.

 

Que “a tal efecto, se manifiesta que el 7 de mayo de 1997, el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia en autos Dusko Tadic, parágrafo 707 fs. 280/281, se expidió de conformidad con el antecedente del Tribunal de Nuremberg: ‘…encontró que el saqueo de la propiedad y las pertenencias de aquellos judíos que fueron obligados a emigrar o que fueron deportados era un crimen contra la humanidad, que se cometieron por medio del terror o unido a otros actos de violencia… o cuando fue el resultado de dichos actos, incluidos el Inter Alia, aquellos de naturaleza económica o legal’”.

 

Que “asimismo, el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda, en el caso Rutaganda, parágrafo 453, manifestó que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos desde el primero de octubre de 1990 en ese país incluye a cuatro categorías de personas según su participación criminal, siendo la cuarta la de los autores de delitos contra la propiedad”. Y que “otro tanto se dice, en igual sentido, en la sentencia el Tribunal Penal Internacional en el juicio a los principales criminales de guerra en Alemania, tanto en la foja 99 respecto a los ataques a la propiedad de los perseguidos realizados por el criminal Herr Frick, como en la foja 103 del fallo en relación a ese Subsecretario del Ministerio de Propaganda nazi”.

 

Que “también en el ámbito local constituye un antecedente jurisprudencial la causa Nº 13/84 (sentencia de fecha 30 de diciembre de 1986) en la se juzgaba a los comandantes en jefe de las tres armas”. Que “en tal ocasión (fallo 309:1689) la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma unánime consideró probado que en el territorio nacional se había llevado adelante un plan sistemático de represión, ordenando para luchar contra la `subversión terrorista’ y finalmente también se tuvo por probado que ‘…las órdenes impartidos dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, fuera de otros cometidos por subordinados que pueden considerarse –como los robos producidos- consecuencia del sistema adoptado…’. (Voto del vocal José Severo Caballero)”. Que “en suma, los delitos contra la humanidad contemplan las persecuciones por motivos políticos realizadas a gran escala y de forma sistemática como la llevada a cabo en la Argentina”. Y que “asimismo los delitos contra la propiedad enmarcados en esa persecución sistemática integran la categoría de crímenes de lesa humanidad”.

 

Que “en 1968 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la ‘Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad’, mediante la resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de ese año”. Que “el Artículo 1 de la mencionada convención expresa que los crímenes de guerra y de Lesa Humanidad ‘…son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido’”. Y que “dicha regla esencial fue acogida por la CSJN en el caso ‘Priebke’, donde entendió que no puede oponerse la prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad”.

 

Que “la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal han sido categóricas al reconocer: ‘…el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad’ (‘Arancibia Clavel’, Fallos: 327:3312); ‘el derecho a la verdad sobre los hechos que implicaron graves violaciones de los humanos’ (‘Urteaga’, Fallos: 321:2767); y ‘a otorgar rol protagónico de la víctima en este tipo de procesos’ (‘Hagelin’, Fallos: 326:3268)”.

 

Y que “en lo que aquí importa, con fecha 18 de octubre de 2012 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dispuso ordenar el desarchivo del expediente nro. 6279/1997, en virtud de su conexidad con la causa nro. 1875, así como que continúe interviniendo en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de la Capital Federal”.

 

Que “según surge del resolutorio referido, el objeto procesal de dichas actuaciones se centra en determinar si los hechos que a continuación se enuncian pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, siendo ellos parte del ataque coetáneo contra parte de la población civil, como reflejo de una política implementada a través del aparato estatal controlado por el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983 que se extendió en todo el territorio nacional: a) La inspección general dispuesta, en fecha 25 de octubre de 1980, por parte del Banco Central de la República Argentina en el Banco Latinoamericano; b) La privación ilegítima de la libertad dispuesta por la División Bancos de la Policía Federal Argentina desde el día 31 de octubre de 1980 hasta el 6 de noviembre de 1980 respecto de Eduardo Ezra Saiegh –Presidente del Banco Latinoamericano-; c) La intimación formal, en fecha 16 de enero de 1980, por parte de Alejandro Fabián Reynal –Vicepresidente, en aquel momento, del BCRA- al Banco Latinoamericano para que solicite su autoliquidación, lo que así sucedió; d) La liquidación del Banco Latinoamericano por parte del BCRA, así como la revocación para funcionar y la solicitud de quiebra”.

 

Al respecto, en esa resolución de la Alzada que se viene citando, se ha definido ya  además que este “expediente 1875/09… tiene por objeto la totalidad de la maniobra delictiva, con destino al juzgamiento de la responsabilidad penal de todos aquellos que hayan participado en los crímenes contra la humanidad que me tuvieran como víctima directa…'".

 

Y  que "en el mencionado expediente 1875/09 (a la fecha radicado en la Sala I de esta Cámara...), Saiegh denunció a Jorge R. Videla, José A. Martínez de Hoz, [Guillermo Walter Klein,] Alejandro Reynal y William Reynal, entre otros, por haber participado en su secuestro, concretado por una comisión paramilitar y en las posteriores torturas a las que habría sido sometido en sede de diferentes divisiones de la Policía Federal Argentina con el objeto de que confesara delitos inexistentes en el Banco Latinoamericano del que era propietario", siendo que tal delito de lesa humanidad con motivación económica tuvo “la finalidad de quitarle la tenencia del paquete accionario de la empresa Austral Líneas Aéreas, en un manifiesto acto de terrorismo de Estado".

 

5.- Y así fue que mas allá de la querella ya presentada al respecto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en materia de su competencia, según ya se advirtiera, la Unidad de Información Financiara presentó la suya, con destino a “determinar si se encuentra configurado el delito de lavado de activos toda vez que el señor Alejandro Reynal, junto a otros sujetos que habrán de ser identificados a lo largo de la pesquisa se habrían apropiado de los bienes pertenecientes al Banco Latinoamericano y podrían actualmente administrar y/o poseer el producido de los mismos con el fin de darle apariencia de licitud cuando su origen resulta ilícito”, “ya que no puede descartarse que desde la apropiación de los activos del BLA en Noviembre de 1980, hasta la fecha esos activos podrían haber sido incorporados al sistema financiero, es decir, lavados de diversas formas”.

 

Que “el delito se consuma cuando se llevan a cabo las acciones previstas sobre los bienes de procedencia delictiva, con aptitud suficiente para que se produzca como resultado la posibilidad más o menos cierta de que ellos o los que los reemplacen adquieran apariencia de legitimidad”. Que “la nueva apariencia no es cualquiera, sino aquella que provea a los bienes de características de legitimidad, de modo que pueda, en alguna medida, concurrir para disimular el origen ilícito”. Y que “en el presente caso debería investigarse si uno de los mecanismos para dar apariencia de licitud a aquellos bienes apropiados habría sido la creación del banco MBA de propiedad de Alejandro Reynal. Es decir debería determinarse si el MBA habría sido constituido por el Sr. Reynal para poder canalizar hacia el exterior los fondos que se extraían ilegalmente mediante la liquidación de diversas entidades financieras -entre las que se encuentra el Banco Latinoamericano-”

 

Que “abonando esa sospecha debe indicarse que el Sr. Alejandro Reynal es uno de los 469 sujetos que el Sr. Hernán Esteban Arbizu denunció haber tenido como cliente argentino del JP Morgan, para quienes señaló efectuaba maniobras de lavado de dinero, todo lo cual consta en la Causa Nº 9232/08 radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría 23”. Que “amén de lo expuesto recientemente NEFXIN SA, ARROYO URBAJAY SA y el Sr. Walter GRENON adquirieron el cien por ciento (100%) de la participación de MBA LAZARD HOLDINGS ARGENTINA SA en el capital accionario de MBA Lazard Banco de Inversiones SA”. Y que “llama la atención que dicha operación se haya efectuado a pesar de que el Sr. Reynal sea quien detentaba la mayoría de las acciones vendidas, concomitantemente con la Resolución de la Cámara arriba citada”.

 

Sobre las cuestionadas características de esta operación se han acumulado ya las referencias difundidas en los medios de comunicación respecto de que “cuando los crímenes económicos cometidos durante la última dictadura comenzaron a ser investigados como delitos de lesa humanidad, Reynal empezó a buscar un comprador para el MBA”. Que “ante un primer pedido de autorización para vender, el BCRA le envió en noviembre del año pasado un escrito al fiscal Eduardo Taiano, informándole de esta solicitud”. Que “el fiscal respondió que efectivamente había una investigación en curso sobre Reynal y el MBA”. Que “la Procelac ya había realizado un primer análisis de todo el material que involucraba a Reynal, y cuando estaba por realizar una presentación formal ante la Justicia, el BCRA autorizó la venta del MBA al financista Walter Grenon”.

 

Que “como ‘hombre de negocios’, Reynal supo mantenerse en las sombras del poder financiero, a pesar de que en 2007 fue designado como presidente de ArteBA, cargo al que tuvo que renunciar luego de las múltiples denuncias en su contra”. Que “además logró conservar a lo largo de los años sus vínculos con los funcionarios de línea del BCRA, ‘que habrían recomendado aceptar la venta del MBA al financista santafesino’. Una de las hipótesis de la investigación judicial indica que los vínculos de Reynal serían con Pablo Carbajo, encargado del área de supervisión y seguimiento del BCRA, antes en el área de auditorías externas; con Guillermo Trillo, de la gerencia de operaciones no autorizadas; y con el ex gerente de autorizaciones Daniel Mira Castex, quien actualmente trabaja en consultorías privadas”. Y que “además de los posibles vínculos de Reynal con delitos de lesa humanidad, la UIF y la Procelac están investigando al MBA por posibles operaciones de lavado de dinero en la actualidad”.

Siguiendo ya con la presentación de la UIF, se ha destacado allí que “en el caso, cobra relevancia la situación generada a partir de la apropiación de los bienes pertenecientes al Banco Latinoamericano”. Que “desde este punto de vista se señala que los agentes naturales del mercado no pueden competir con quienes obtienen sus fondos al margen de las reglas propias del sistema, los que se colocan así en posición de superioridad y alteran la libre competencia pues llegan a controlar algunos sectores gracias al caudal de dinero –de procedencia ilícita- que pueden inyectar con perjuicio de los otros operadores que deben recurrir al crédito para mantenerse o insertarse en el mercado”. Y que “no cabe duda que el accionar del Sr. Reynal a través del ejercicio de su cargo de vicepresidente del BCRA, mediante la intervención y liquidación de entidades financieras determinó que determinadas entidades tuvieran un rol preponderante en la economía mientras que otras se hundían en sus deudas y eran obligadas a liquidarse”. “De allí que surge a todas luces evidente el daño y/o afectación producida al orden económico financiero”.

 

6.- Por todo lo expuesto es que esta parte mociona que esa autoridad judicial asuma el conocimiento de esta nueva pesquisa promovida por la Unidad de Información Financiera, por aplicación de la regla de conexión prevista en el artículo 41.2 del C.P.P.N. para cuando “un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho”, pero que en atención al estado de avance de la investigación primera, la acumulación de causas se concrete en trámites separados, según la regla de la parte final del artículo 42 de dicho ordenamiento.

 

Al respecto se destaca que en aquella resolución de la Alzada citada por la UIF, según se la ha reseñado, se encomendó que “con celeridad” se dispusieran las medidas de prueba reiteradamente solicitadas por las partes acusadoras. Y desde entonces se las ha venido llevando a cabo en la fiscalía encargada de la instrucción, colectándose ya aquellos “elementos de prueba” suficientes como para sostener las imputaciones delictivas del caso respecto de lo sucedido hace ya más de 33 años.

No resulta prudente entonces, ni se corresponde con la celeridad demandada por la Azada, ni atiende a “la mejor y más pronta administración de justicia” promovida por la normativa procesal que se viene citando, que aquella tramitación se vea demorada por la nueva pesquisa conexa sobre los hechos posteriores, de los que claramente también resulto víctima. Y ello funda la necesidad de mantener las investigaciones separadas aunque conectadas del modo en que se viera.

 

Dicha solución por lo demás se corresponde con el modo en que se ha procedido, con la intervención de ese mismo juzgado instructor, en el trámite de la causa 17.120/08 (“Accolade Pool s/ defraudación por administración fraudulenta y otros delitos”) que fuera finalmente acumulada, aunque manteniendo sus trámites separados, con el de la causa 14.147/09 (“… s/ encubrimiento”) del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 12.

 

Y por lo demás, ello permitiría mantener en las primeras (las causas 1875/09 y su acumulada 6269/97) la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en representación del Estado Nacional y en los términos de su competencia, y admitir la intervención como parte querellante de la UIF en la nueva pesquisa que se inicie por separado, también en los términos de su competencia legal. Y en ambos trámites nuestra pretensión querellante.

 

7.- En resumen, esta querella solicita que el objeto de la nueva querella estatal se investigue en una actuación que aún acumulada por conexidad tramite por separado, que se la autorice a intervenir en ambas, y que se tenga por querellante en la nueva pesquisa a la UIF así como en aquella inicial interviene la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

 

Que la causa 1875/09 continúe su trámite del modo en que aquí se propone, en consonancia con la celeridad ya encomendado por la Alzada. Y que en la nueva pesquisa destinada a determinar las maniobras de lavado se comiencen a concretar las medidas de investigación patrimonial y cautelares ya solicitadas.


B.- SOBRE LA ACCION CIVIL REPARATORIA

 

1.- En atención al estado del trámite, y más allá de la intervención que ya me fuera reconocida para intervenir como parte querellante en este Expte. 1875/09 y sus acumulados, tanto “a título personal” como “en mi carácter de ex Vicepresidente y Director Delegado del Banco Latinoamericano S.A. y de Presidente del Directorio de InversaiS.A.”, me presento además en tales términos y de conformidad con los artículos 87, 91 y cctes. del CPPN, a ejercer “la acción civil” emergente de los hechos objeto de pesquisa, con destino a que como víctima directa de tales delitos de lesa humanidad pueda “acreditar la existencia del hecho delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes”.

 

A tal efecto, se destaca que en esta instancia “los únicos requisitos exigidos para admitir la constitución del actor civil, son los enumerados por la Ley, que sólo se refieren a la forma de presentación y a los motivos que la fundan”: esto es “lo que se denomina ‘causa petendi’. Es decir, el hecho delictuoso causante del daño”, en los términos en que se ha hecho ya en este trámite. “No se trata de una demanda civil, sólo se trata de una instancia o petición formulada ante el Juez para intervenir en el proceso en el carácter de actor civil. Ello justifica que puede constituirse aunque no se sepa el nombre y apellido del imputado, contra quien se dirige la pretensión y tampoco se establezca el monto de la indemnización que se reclama, datos estos indispensables en una demanda civil propiamente dicha”, y para cuya concreción ha de estarse a las previsiones de tiempo y forma establecidas en el artículo 93 del CPPN (Ábalos, Raúl W., Derecho Procesal Penal, Tomo II, Ed. Jurídicas Cuyo, págs. 184/187).

 

Refiriéndose a ello, el mismo autor cita a Núñez en orden a que no es necesario que la parte civil formule en esta oportunidad todas sus peticiones, sino que exprese (como aquí se ha hecho en las distintas presentaciones de esta querella, tanto en este trámite 1875/09 como en el 6279/97 ya acumulado, o en el también acollarado ad effectum videndi et probandi), “el título en que ejerce la acción, si es como damnificado o como heredero; por quién la ejerce, si es a nombre propio o como representante legal; para qué la ejerce, si pide indemnización o restitución o ambas cosas a la vez”. Y agrega que “no es preciso que la parte enuncie los fundamentos jurídicos de la petición ni presente los documentos que acrediten su derecho” (Ricardo Núñez, La Acción Civil en el Proceso Penal, pág. 110, citado en la obra del párrafo anterior).

 

En similar sentido se ha dicho que “la constitución en actor es el medio de promover la acción civil introduciendo la pretensión privada en el proceso penal… Si bien el acto de instancia de constitución no es una demanda en sentido estricto, implica el primer acto de ejercicio de la acción civil, con los mismos efectos sustanciales y muchos de los procesales propios de la demanda” (Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho Procesal Penal, T. II, Ed. Rubinzal – Culzoni, 2008, pág. 112 y siguientes).

 

Y asimismo que “la instancia de constitución del actor civil que regla el dispositivo no constituye una demanda… que recién se verificará en la ocasión prescripta en el art. 93… No obstante, cabe añadir que tendrá el particular efecto de provocar la interrupción del plazo prescriptivo de la acción civil [TSJ Córdoba, BJC, 1958-21; Nuñez. La acción civil… [antes citado], p 114” (Navarro, Guillermo y Daray, Roberto, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, Hammurabi, 1ª. ed., Bs.As, 2004, p. 320).

 

2.- En dicho marco, y según ya se citara, ha definido ya la Alzada en la resolución que se ha venido citando que este “expediente 1875/09… tiene por objeto la totalidad de la maniobra delictiva, con destino al juzgamiento de la responsabilidad penal de todos aquellos que hayan participado en los crímenes contra la humanidad que me tuvieran como víctima directa…'"; y que "en el mencionado expediente 1875/09 (a la fecha radicado en la Sala I de esta Cámara...), Saiegh denunció a Jorge R. Videla, José A. Martínez de Hoz, [Guillermo Walter Klein,] Alejandro Reynal y William Reynal, entre otros, por haber participado en su secuestro, concretado por una comisión paramilitar y en las posteriores torturas a las que habría sido sometido en sede de diferentes divisiones de la Policía Federal Argentina con el objeto de que confesara delitos inexistentes en el Banco Latinoamericano del que era propietario", siendo que dicho accionar "se encontró dirigido… con la finalidad de quitarle la tenencia del paquete accionario de la empresa Austral Líneas Aéreas, en un manifiesto acto de terrorismo de Estado".

 

Más recientemente esa Alzada ha ratificado que “forma parte del hecho allí denunciado [en referencia a este trámite y a su acumulado el ex Expte. 1662/82] la hipótesis de que el objetivo perseguido con el accionar que lo tuvo por damnificado habría sido el de quitarle la tenencia del paquete accionario de Austral Líneas Aéreas”, siendo que “el interés probatorio que para tales procesos pudieran tener ciertas piezas de convicción reunidas en el presente [por el Expte. 2677/2013 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 ya citado] se ve suficientemente garantizado con el acceso que el presentante ha tenido a este legajo y la remisión ad effectum videndi et probando solicitada en el marco del Expte. 1875/09 al que –tras este pronunciamiento- corresponde que sea devuelto” (Sala II, causa 33561, resolución del 22 de octubre de 2013, registro 36.810).

 

Por lo demás, se recuerda que en materia de la “reparación de perjuicios” perseguida por esta acción civil, el Código Penal establece que “la sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 3. El pago de las costas” (artículo 29).

 

Que “la obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa”. Y “si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente: 1. La indemnización de los daños y perjuicios. 2. El resarcimiento de los gastos del juicio. 3. El decomiso del producto o el provecho del delito. 4. El pago de la multa” (artículo 30).

 

Que “la obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito” (artículo 31); y que “el que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado” (artículo 32).

 

3.- En tal inteligencia, esta acción civil reparatoria se dirige, en primer lugar, contra aquellos imputados a quienes se atribuye participación en las maniobras delictivas de lesa humanidad que me afectaron directamente, a saber,  Guillermo Walter Klein, Alejandro Reynal y William Reynal, ante la muerte de José Alfredo Martínez de Hoz, y sobre quienes recaerá la obligación solidaria de reparar el daño (más allá de la que le corresponda a los funcionarios policiales de la División Bancos que oficiaban como su grupo de tareas, y a todos aquellos otros respecto de los cuales en el curso de la presente pesquisa se determine responsabilidad penal).

 

Al respecto, a cuanto ya se expusiera en esta presentación se agrega lo reseñado por esta querella en el trámite de aquel acollarado Expte. 2677/2013 sobre “el negociado de Joe, Walter, Alex y Willy”, en orden al relato del diario La Voz reproducido en el portal "El  Caso Eduardo Saiegh" ya ofrecido como prueba) y que ilustra "la estrecha amistad" entre Martínez de Hoz y William Reynal, mediante la reconstrucción del siguiente dialogo, sobre los "entretelones de la estatización [de la 'bancarrota’] de la empresa Austral":

 

"- No te preocupes Willy, Walter ya está en antecedentes del caso y estudia posibles alternativas.

- Gracias Joe, entonces me pongo en contacto con él".

Y a ello se suman las declaraciones de los otros beneficiados por la maniobra también aludidos. Así,Eduardo Braun Cantilo declaró a fs. 690/693 de ese trámite sobre la activa participación de William Reynal en las tratativas que llevaran al dictado del Decreto, y de sus conversaciones con “el entonces Presidente de la Nación, con los integrantes de la Junta Militar, con el Sr. Ministro de Economía y además con otros funcionarios” para que “el Estado se hiciese cargo del paquete accionario de Austral”. Que “fueron llevados a una situación donde prácticamente no había salida salvo la de hacer entrega de las acciones al Estado”, y que “de esta forma entiende que las acciones de Austral ‘no le fueron dadas al Estado, sino que le fueron quitadas por éste’…”.

 

Félix de Barrio declaró a fs. 713/715 que “no quedó otra opción que entregar las acciones al gobierno ya que no era posible seguir operando la empresa”. Que “entre el 10 y el 2 de setiembre de 1980 firmaron los accionistas la nota por la cual se constituían en avalistas de todas las obligaciones contraídas por Austral que quedasen pendientes de pago saneada la empresa”, y que “dicha nota no fue libremente firmada por ellos, sino que les fue ‘impuesta’”. Y que “fue William Reynal” quien “tomó a su cargo la negociación con el Estado”.

 

Roberto Santiago José Servente declaró a fs. 723/726 que fue en una reunión en el Ministerio de Economía, “entre el 8 y el 10 de setiembre de 1980” con Walter Klein y otros funcionarios, en donde “se informó a los directores de la empresa que el Estado había decidido que la única solución para la cuestión de Austral era que los accionistas entregaran sus acciones en garantía al Estado Nacional, que renunciaran a sus cargos de directores, y que luego de ello el Estado iba a manejar la empresa”. “Se comprometieron a hacer llegar la respuesta al día siguiente, siendo la contestación de ellos afirmativa, porque no había otra alternativa… Era una cosa de ‘si o si’ (sic)”. Reconoció su firma en esas notas como “muy dolorosa, como para olvidarse (sic)” y de la situación de contexto dijo que “llegó a temer, durante los meses que siguieron, por su integridad física, ya que en esos años, no era como ahora que se puede conversar libremente, sino que enfrentarse al Estado y a una fuerza militar, podía llegar a ser muy difícil, e incluso muy peligroso”.

 

Leonardo Douglas Steed declaró a fs. 735/738 que la propuesta de adquisición del paquete accionario por parte del Estado nacional les fue comunicada por Walter Klein, y que “para ello era necesario que los accionistas transfirieran la propiedad de sus acciones”. Y Federico Braun declaró a fs. 739/741 en términos similares a cuanto se viene reseñando, respecto de la posición “en cierta medida pasiva” del directorio de la empresa en la “negociación” donde el Estado reclamaba que "le entreguen las acciones”.

 

También otro ex director y accionista de Austral, Manuel Alberto Laprida expuso a fs. 813/848 sus consideraciones sobre “el apoderamiento, por parte del Estado de Austral Líneas Aéreas”. Que “del 1/1/80 al 16/01/80 (fecha esta última en que se emite el Decreto 1922/80) la situación legal, económica, financiera y patrimonial de Austral cambia sólo en el sentido de persistir y agravarse los datos que la caracterizaron el primer día del año 1980”. Y que “el abandono forzoso de las acciones” se dio cuando “Austral, para los accionistas, había dejado de ser una inversión, limitada a los aportes exigidos en una sociedad anónima, para convertirse en la causa que originara, por incumplimiento de los compromisos garantizados, la perdida íntegra de sus propios patrimonios, comprometidos a responder por las deudas de Austral, por vía de los avales que habían otorgado en beneficio de terceros y a favor de ésta”. Ya veremos cómo se ocuparon de esto.

 

Que “en dos palabras, la empresa estaba ahogada. Marchaba ineluctablemente a la cesación de pagos” y “los accionistas obligados como avalistas, veían depender su propia quiebra de la posible quiebra de Austral”. “En tales circunstancias, con ese telón de fondo, los accionistas suscriben la carta del 10/09/80… ofreciendo la totalidad de sus tenencias accionarias como medio o condición”. Y que también “se obligaban a mantener vigente los avales, fianzas o garantías otorgadas por ellos en relación a obligaciones asumidas por Austral hasta la extinción de éstas”. Ja.

El propio William Juan Reynal declaró sin juramento de decir verdad a fs. 760/764 sobre sus “gestiones ante las más altas autoridades nacionales” del gobierno de facto, aunque dijo no recordar “exactamente quien fue la parte que propuso que el Estado se quedase con las acciones”. Y el propio Walter Klein también declaró sin juramento de decir verdad a fs. 774/778 que “se exigió que los accionistas y directores avalaran personalmente las obligaciones previamente avaladas por ellos y que tales avales subsistieran”, tras recordar que “había avales otorgados por una sociedad que cree recordar que se llamaba Makin”, y que “en este caso se exigió que los avales de ‘Makin’ fueran respaldados pos avales dados por los accionistas de Makin”.

 

Otro alto jefe de la Fuerza Aérea, José Insúa, que declaro a fs. 254/257 preciso las advertencias que entonces se hicieran al respecto, ante el Presidente [de facto] de la Nación, sobre la improcedencia e ilegalidad de la actuación, y luego incluso sobre la necesidad de su anulación, y de "investigar las responsabilidades que les cabían a todos los funcionarios actuantes".

 

Al tiempo que destaco cómo "le llamo la atención la familiaridad de trato y así lo manifestó... entre miembros del equipo económico de Economía e integrantes del directorio de Austral, quienes en muchos casos se tuteaban. Específicamente recuerda que el Dr. Klein y el Sr. Reynal no solo se tuteaban sino que utilizaban sus sobrenombres o diminutivos". Tal como en el dialogo reconstruido por La Voz.

 

4.- Por lo demás, esta acción civil reparatoria se dirige contra todos aquellos que en los términos del artículo 32 hayan participado de los efectos del delito de lesa humanidad con motivación económica a título lucrativo, y en la medida en que el avance de la pesquisa no permita atribuirles ninguna responsabilidad penal.

 

Y al respecto se recuerda que las acciones de Austral Líneas Aéreas “pertenecían en su gran mayoría sobre un total de [aproximadamente el] 94% de acciones ORDINARIAS a William Juan Reynal (36,84%), Makin S.A. (35,88%)… Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (11,29%)… Eduardo Braun Cantilo (9,03%) y Roberto Santiago José Servente (1,08%) [siendo que no se transferían el 5,93% de “varios con tenencias individuales inferiores al 1%]; y PREFERIDAS sobre un 100% [de 4.312.800.000 acciones] a William Juan Reynal correspondían 1.619.800.000 acciones, a Makin S.A. correspondían 145.000.000 acciones, a Roberto Santiago José Servente correspondían 1.820.000.000, a Leonardo D. Steed correspondían 546.000.000 acciones y a Félix de Barrio correspondían 182.000.000 acciones”. Que el Directorio de Makin S.A. lo integraban William Juan Reynal como presidente, Eduardo Braun Cantilo como vicepresidente, y Roberto Santiago José Servente, Miguel Alfredo Reynal y Leonardo Douglas Steed como directores. Y que sus accionistas eran también William Juan Reynal (66,33%), Eduardo Braun Cantilo (6,58%), Roberto Santiago José Servente (14,56%), Miguel Alfredo Reynal (4,17%), Leonardo Douglas Steed (2,085). Félix de Barrio (4,17%) y Alberto Raga (2,085).

 

Y a todos ellos, personas físicas y jurídicas, civilmente demandados, al igual que a los señalados en el apartado anterior, deberá  darse intervención y noticia de mi presentación como actor civil en este trámite, de conformidad con el criterio jurisprudencial del tribunal de Alzada en los autos 45.354 (res. del 31 de agosto de 2011, reg. 960) y 46.511 (res. del 12 de julio de 2012, reg. 713).

 

Siendo que allí se ha establecido también que “de la interpretación armónica de los arts. 1096 del CCN y 29 del CPN se sigue que la indemnización del daño causado por un delito puede  solicitarse tanto en sede civil como en sede penal, correspondiendo al legitimado activo la elección de la misma (cfr. Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I.:  Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial,  Hammurabi, Buenos Aires, 2007, T. 3-A, pp. 289) e, igualmente, que ante la  elección de la instancia penal -cual es el caso de marras-, la parte actora tendrá en el proceso la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso, los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las medidas  cautelares, restituciones, reparaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar (art. 91 del CPPN)”.

 

Que “de tal forma, el reclamo del actor civil se circunscribe al  resarcimiento del daño sufrido y a la restitución de las cosas. En el marco de esta  actuación, estará autorizado para sugerir pruebas durante la instrucción (arts. 199  y ss. CPPN), pedir medidas precautorias (art. 519 CPPN) y solicitar la restitución  de la cosa (art. 91 CPPN)”. Que  “no ha de soslayarse, en esa dirección, la evolución a lo largo del proceso de la acción civil, motivo por el cual, en el proceso civil, le asiste a la parte actora la facultad de ampliar los términos de la demanda ante la individualización de hechos nuevos (art. 365 del CPCCN) y, eventualmente,  solicitar nuevas medidas cautelares”.

 

Y respecto de “la posibilidad de cautelar y, eventualmente, decomisar bienes de  personas de existencia ideal en el marco del proceso penal”, expresamente señaló que “si bien, en la redacción original del CP el decomiso se revelaba como una medida ‘in persona’, es decir, como una pena accesoria a una sentencia de condena que sólo puede alcanzar los bienes de propiedad del  acusado que utilizó como instrumento del delito o que fueron su producto, esta  perspectiva ha sido sustancialmente modificada a partir de la promulgación de la Ley de Ética Pública N° 25.188”.

 

Que “merced a esta legislación, tributaria de la preocupación  internacional por la criminalidad organizada y, en ese marco, por el recupero de  activos de origen delictivo (cfr. Convención de las Naciones Unidas contra el  Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención  Interamericana contra la Corrupción y, en especial, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), se ha introducido al orden interno una  nueva forma de decomiso, sin perjuicio de mantenerse su modalidad tradicional (cfr. causa no. 43.214 ‘Vago, Gustavo (Skanska S.A:) s/embargo preventivo’,  reg. 819, rta. el 31/08/2010)”.

 

Que “la Ley 25.188, por una parte, previó específicamente que la medida podía alcanzar, más allá de los instrumentos y objetos del delito, ‘el producto o provecho’ derivado de éste (cfr. art. 23 del C.P.). Por la otra, se introdujo en forma contemporánea un nuevo supuesto al art. 29 del C.P., relativo a los asuntos que puede abarcar la sentencia de condena, la cual podrá ordenar -además de la indemnización del daño y el pago de las costas-, ‘la reposición al  estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias’. El art. 30 del C.P., también reformado, prescribe a su vez un orden de prioridad para cubrir ‘todas las responsabilidades pecuniarias’, cuando los bienes del condenado no fuesen suficientes, entre las que incluye, en el inciso 3, el decomiso del producto o el  provecho del delito”.

 

Que “en consonancia con la nueva finalidad de recuperar los activos  provenientes de hechos de corrupción, la Ley comentada introdujo además otra  modificación al art. 23 del C.P. concerniente a las personas que pueden ser  alcanzadas por el decomiso. Así, su redacción actual, en el párrafo tercero  dispone que: “…Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios  de alguien o como órganos, miembros, o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al  mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra  estos…”; mientras que el cuarto párrafo, indica que podrá pronunciarse también  contra un tercero, cuando éste se hubiese visto beneficiado a título gratuito del  provecho o producto del delito”.

 

Que “de tal suerte, y si bien el régimen actual conserva la necesidad de que recaiga la condena de los autores o partícipes del delito, reconoce la  posibilidad de que el decomiso alcance a personas no legitimadas pasivamente  en el proceso penal –personas de existencia ideal o terceros, en los supuestos  previstos por los párrafos 3° y 4° del art. 23 del C.P.-”.

 

Que “dicho régimen no compromete el debido proceso legal pues  existe una relación sustancial que, en el marco del procedimiento penal, da lugar  a la acusación, defensa, prueba y sentencia, más allá de que la persona jurídica  no se encuentre imputada por la comisión del delito investigado”.

 

Que “ese vínculo, teniendo en cuenta los fines establecidos por el  art. 29 del C.P., está representado por el hecho de que no es posible adquirir  legalmente la propiedad de un bien cuando éste represente el producto de un  delito, por lo cual, en virtud de lo establecido por el art. 34 de la Convención  contra la Corrupción, es factible tomar las medidas necesarias para evitar las  consecuencias de hechos de esa especie”.

 

Que “la separación jurídica entre los socios y la persona  jurídica, no permite concluir, a priori, que los primeros actuaron necesariamente  en su propio interés y no en el de la persona jurídica de la cual son miembros,  administradores u órganos. Tampoco admite que el provecho del delito pueda  ponerse al amparo de una persona de existencia ideal que, en principio, no puede  delinquir, para evitar su recuperación o con el fin de que el delito rinda sus  frutos”.

 

Que “subyace a lo dicho consideraciones de tipo similar a lo que la  doctrina civilista ha denominado ‘la penetración de la personalidad societaria’,  según la cual la diversidad jurídica, tanto frente al ordenamiento como ante  terceros, entre la personalidad de las sociedades y la de sus socios, ‘…no es  principio propio de la personalidad societaria, sino una consecuencia de su individualidad jurídica. No existen distintas y bifurcadas realidades de hecho, puesto que no hay absoluta separación o independencia entre la persona societaria y sus socios, artífices de su origen, dueños de su voluntad, titulares últimos del interés al que aquélla, como medio técnico, sirve de instrumento […] La penetración es una superación de la forma jurídica persona adoptada por la pluralidad organizada en unidad, es un levantar el velo de la personalidad, un mirar dentro de ella para atender a sus realidades internas y a la que es propia de quienes conforman o disponen de la voluntad que la ley le asigna…” (cfr. Zaldívar, Enrique, “Cuadernos de Derecho Societario”, Abeledo-Perrot, 1° edición, Buenos Aires, 1973, Volumen I, ps. 156/157…)”.

Que “por ello, más allá de la responsabilidad penal de los miembros por la comisión del delito –la cual habrá de ser declarada por medio de una  condena firme- el decomiso puede alcanzar a las personas jurídicas cuando los  primeros hayan actuado como sus órganos, mandatarios o miembros y aquélla se  haya beneficiado con el producto o provecho del delito perpetrado por aquéllos”.

 

Que “por cierto, que todas estas últimas circunstancias habrán de ser establecidas en orden a los estándares del proceso penal en cuyo marco ha quedado regulado, por el momento, el decomiso del provecho del delito y ello implica que su aplicación habrá de estar precedida de acusación, defensa, prueba y sentencia acerca de las circunstancias a las que se refiere el art. 23, 3° párrafo del C.P.”.

 

Que “cabe señalar a este respecto, que la reforma del art. 23 del C.P.  a través de la ley 25.815 sólo vino a reforzar el nuevo camino trazado por la Ley  de Ética Pública. En esta dirección, quien informó en la Cámara revisora las  conclusiones de la comisión correspondiente, indicó que la modificación  propuesta al primer párrafo del artículo, imponiendo la figura del decomiso ‘para todos los casos en que recayera condena’, respondía a la necesidad de garantizar  en la práctica judicial el logro de su fundamento, que no es otro que el de excluir  cualquier posibilidad de que de un delito castigado por el Estado, resulte un  remanente de lucro para quien lo cometió”.

 

Y se aclaró, asimismo, que la reforma “…establece, además, que sobre todos estos bienes y derechos podrán aplicarse medidas cautelares antes  del dictado de la sentencia de condena (por ejemplo, secuestros, clausuras, embargos, prohibición de disponer, etc.). Además, para orientar las normas de los códigos de procedimiento sobre este punto, se dispone que las medidas  cautelares para asegurar el presumible decomiso podrán disponerse desde el  inicio de la actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un auto de  procesamiento). Por cierto que las medidas cautelares procederán cuando el  decomiso sobre los bienes o derechos que ellas restrinjan provisoriamente sea  presumiblemente aplicable, para evitar que se utilicen arbitrariamente…”.

Que “se  destaca que, siguiéndose la línea fijada por el Congreso al sancionar, por  ejemplo, el art. 238 bis (por ley 25.324), aquellas medidas cautelares podrán  tender a hacer cesar los efectos del delito o evitar que se consolide su provecho o  la impunidad de sus partícipes (cfr. “Antecedentes Parlamentarios”, LL-2004-A,  tratamiento en el Senado, parágrafos 55-60)”. Y “de allí que las medidas cautelares dirigidas a asegurar el  eventual recupero de los activos de delitos de corrupción pueden alcanzar a  personas de existencia ideal, ello así, siempre y cuando, sean observadas las  exigencias prescriptas en el Código de forma, léase: cuando exista verosimilitud  del derecho y peligro en la demora”.

 


C.- PETITORIO

 

De conformidad y en los términos de lo expuesto precedentemente, solicito:

 

1.- Declare la conexión de la causa 1875/09 sobre delitos de lesa humanidad con aquella otra que deba iniciarse con la querella que por los hechos posteriores del lavado de los activos provenientes de esos delitos presentara la Unidad de Información Financiera del Poder Ejecutivo Nacional

 

2.- Disponga la tramitación por separado de ambas pesquisas, acepte en la nueva por querellante tanto a la Unidad de Información Financiera, como a esta parte acusadora, y disponga allí las medidas de instrucción y cautelares ya mocionadas.

 

3.- Téngame por actor civil,

 

4.- Sin perjuicio de cuanto resulte del avance del proceso y de conformidad con el criterio de la Alzada, dé noticia a los siguientes imputados y responsables civilmente demandados (de los que no se tiene noticia si todas las personas físicas viven aún, ni respecto de la continuidad de las personas jurídicas; en los domicilios que ya surgen informados en las constancias del trámite, o si ya no resultan, en aquellos que puedan determinarse), a saber:

 

  • Guillermo Walter Klein
  • Alejandro Fabián Reynal
  • William Juan Reynal
  • Makin S.A.
  • Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia
  • Eduardo Braun Cantilo
  • Roberto Santiago José Servente
  • Félix de Barrio
  • Leonardo Douglas Steed
  • Alberto Raga
  • Miguel Alfredo Reynal

 

5.- Remita en devolución las actuaciones 1875/09 al fiscal encargado de la instrucción a fin de que esta querella pueda concretar allí las presentaciones que correspondan a propósito de lo oportunamente encomendado por la Alzada.

 

Provea de conformidad.

Será Justicia.

 

 

 

 

Eduardo Ezra Saiegh

 

 

 

Alejandro L. Rúa

CPACF Tº92 Fº514     

 

 



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